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Ricardo Ucán y su mujer, Donaciana Chan, el día de su puesta en libertad. |
Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la liberación de un indígena mexicano privado de libertad durante casi 10 años tras un juicio injusto por asesinato.
Ricardo Ucán Ceca, de Yucatán, fue puesto en libertad el 31 de diciembre. Estaba en prisión desde junio de 2000.
Entendía y hablaba muy poco español y no sabía leer ni escribir. Durante el juicio, no se le proporcionó un intérprete y la persona que se encargó de oficio de su defensa no lo hizo de la manera adecuada.
Ricardo Ucán declaró que disparó a su vecino en defensa propia, pero un tribunal estatal le declaró culpable de asesinato con premeditación y lo condenó a 22 años.
“La decisión del gobierno mexicano de resolver el caso supone un reconocimiento implícito de la injusticia y la discriminación sufridas por Ricardo Ucán”, ha señalado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
La Constitución de México garantiza el derecho de las personas indígenas a un intérprete, pero la condición de indígena de Ricardo Ucán no se reconoció.
En 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó su caso y en noviembre de 2009 celebró una sesión en la que organizaciones mexicanas de derechos humanos presentaron pruebas de que Ricardo Ucán sufrió discriminación y se le negó el derecho a un juicio justo.
Las autoridades federales y estatales de México rebatieron estas pruebas pero aceptaron llegar a un acuerdo amistoso para lograr una solución del caso, que ha culminado con la puesta en libertad anticipada de Ricardo Ucán.
Desde que fuera condenado, Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han hecho campaña para que Ricardo Ucán tuviera un juicio justo y que esta injusticia se rectificara.
Su caso se incluyó en el informe de 2007 de Amnistía Internacional Leyes sin justicia como un caso claro de discriminación contra los pueblos indígenas en el sistema judicial penal de México.
“La declaración de culpabilidad y la condena de Ricardo Ucán fueron el resultado de la discriminación que hace que en México, a menudo, presuntos delincuentes indígenas sean objeto de juicios injustos y condenas desproporcionadas”, ha indicado Kerrie Howard.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que garanticen que los fiscales, los abogados defensores y los jueces respeten y defiendan el derecho de los pueblos indígenas a un juicio justo y a la protección de la ley. La organización ha dicho que, en concreto, las autoridades deben garantizar que los procesos se desarrollan en lenguas que los acusados indígenas entienden o se traducen a lenguas que entienden, y que tienen acceso a una defensa eficaz.
Fuente: Amnistía Internacional
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