Parlamento de la UE busca sanciones a funcionarios de Irán por abusos a los derechos humanos

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El Parlamento Europeo aprobó una resolución fechada el miércoles, instando a que se impongan sanciones a funcionarios del régimen iraní por el encarcelamiento y la ejecución de ciudadanos de la UE.

De acuerdo con el lenguaje de la resolución, el Parlamento de la UE pidió al Consejo Europeo que “considere más sanciones específicas, incluida la congelación de los activos de los funcionarios del régimen iraní y las entidades involucradas en la detención arbitraria y la condena a muerte de ciudadanos de la UE, incluido el caso de la detención continua del Dr. Ahmadreza Djalali, ya sea utilizando el actual régimen de sanciones de derechos humanos de la UE contra Irán o el régimen global de sanciones de derechos humanos de la UE (Ley Magnitsky de la UE)”.

El eurodiputado sueco Charlie Weimers escribió el jueves en Twitter: “Encantado de que el Parlamento de la UE apoye la demanda de @ecrgroup de sanciones contra funcionarios del régimen iraní. También presionaremos para que se investigue al presidente Raisi por crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, desaparición forzada y tortura”.


El grupo ECR es la abreviatura de los conservadores y reformistas europeos en el Parlamento.

Durante la última semana los presidentes de Austria y Suiza felicitaron al nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, lo que provocó indignación entre los expertos y disidentes iraníes en derechos humanos. Los líderes europeos han mostrado escaso apetito por sancionar al régimen de Irán por sus violaciones a los derechos humanos y al programa nuclear. Las principales potencias europeas, Francia, Alemania y Gran Bretaña, junto con Estados Unidos, están negociando con Irán en Viena el regreso de Teherán al acuerdo atómico.

El acuerdo nuclear restringiría la capacidad del régimen iraní para construir armas nucleares durante 10 años a cambio de un alivio de las sanciones. Las potencias europeas obtendrían acceso a los mercados de Irán para acuerdos comerciales valiosos como parte del Plan de Acción Integral Conjunto, el nombre formal del acuerdo nuclear de Irán.

La resolución señaló que “el Dr. Ahmadreza Djalali, de nacionalidad sueco-iraní, que se especializa en medicina de emergencia y es académico de la Vrije Universiteit Brussel de Bélgica y de la Università del Piemonte Orientale de Italia, fue arrestado el 24 de abril de 2016 por las fuerzas de seguridad iraníes; fue condenado a muerte por cargos falsos de espionaje en octubre de 2017 tras un juicio manifiestamente injusto basado en una confesión obtenida bajo tortura”. La resolución exigía la liberación inmediata de Djalali.

También se registró el secuestro por parte del régimen iraní de Jamshid Sharmahd, un disidente político alemán de 66 años y residente legal de California. Human Rights Watch instó al gobierno alemán en julio a asegurar la liberación de Sharmahd.

La resolución de la UE señaló que “Irán ha estado encarcelando activamente a ciudadanos extranjeros para chantajear a gobiernos extranjeros” y “al menos una docena de ciudadanos de la UE están siendo detenidos arbitrariamente en Irán”.

Según la resolución, “Irán también detiene arbitrariamente a sus propios ciudadanos en condiciones extremas” y los tribunales a menudo niegan a los acusados ​​el derecho a un juicio justo y restringen el asesoramiento legal y las visitas de las autoridades consulares y las organizaciones humanitarias y de la ONU”.

La República Islámica de Irán tiene “el mayor número de ejecuciones por habitante del mundo”, escribieron los legisladores en la resolución. El parlamento de la UE exigió que Irán implemente “una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte como un paso hacia la abolición”.

La resolución también pidió a Irán que “libere a los presos políticos, incluidos los defensores de los derechos humanos, ya que han sido detenidos arbitrariamente únicamente por ejercer sus derechos fundamentales a las libertades de expresión, creencias, asociación, publicación, reunión pacífica y libertad de prensa”.

Además, la resolución instó a Irán a “investigar adecuadamente a los funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluido el uso de fuerza excesiva y letal contra los manifestantes; denuncia el uso sistemático del confinamiento solitario prolongado en violación de las obligaciones internacionales de Irán”.

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