Variadas han sido las situaciones por las que el reino de Arabia Saudita ha sido foco de la atención mundial en tiempos recientes, pero, por desgracia, la mayoría de ellas son de carácter negativo. Las decenas de muertos en el accidente en el que una grúa cayó sobre la Gran Mezquita hace un par de semanas, sumadas a las más de 700 víctimas mortales de la estampida registrada en ocasión de la peregrinación anual del Haj que concentra a dos millones de musulmanes en La Meca, han conmocionado y puesto en tela de juicio la eficiencia y previsión del gobierno saudí para cumplir con su papel de máximo guardián de los sitios más sagrados del Islam.
Simultáneamente, y con pocos días de diferencia, se han anunciado dos decisiones generadoras de fuertes críticas al régimen saudita, el cual apenas hace unos meses vio ascender al trono al nuevo rey Salman, quien funge como su supremo dirigente. Se trata, por un lado, de la condena a muerte por decapitación y luego crucifixión del joven Ali al-Nimr, arrestado a los 17 años de edad en 2012 bajo la acusación de haber participado y cometido diversos delitos durante las protestas populares que en aquel entonces se dieron en Arabia Saudita bajo la inspiración de la Primavera Árabe. De hecho, en lo que va de este año, se contabilizan en el reino 134 ejecuciones en cumplimiento de condenas a muerte por diversos motivos, cifra mayor que la del total del año pasado.
Por el otro lado, está la desconcertante, paradójica y absurda decisión de la ONU de nombrar a Arabia Saudita para que encabece el panel del Consejo de Derechos Humanos encargado de seleccionar a los funcionarios y oficiales cuya misión es definir la normatividad sobre derechos humanos que debe regir en el plano mundial. Se trata de un panel de cinco miembros denominado “Grupo Consultivo”, que tiene el poder de seleccionar a los aspirantes a ocupar 77 puestos destinados a vigilar y reportar cuestiones de violaciones a derechos humanos en las distintas naciones del orbe. Siendo el Reino Saudita uno de los países donde rige oficialmente una normatividad aberrante en cuanto al trato a las mujeres, las minorías, la libertad de expresión y la de creencias, un país en el cual, por ejemplo, el bloguero Raif Badawi cumple desde hace un tiempo una condena de diez años de cárcel y mil latigazos repartidos en veinte sesiones semanales por presuntamente haber insultado al Islam en su blog, resulta escandaloso no sólo el citado nombramiento, sino también el silencio al respecto de la mayor parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. La ONG denominada UN Watch ha sido, en contrapartida, la voz crítica que más se ha dejado oír en este tema y ha declarado que “este nombramiento es equivalente a colocar como jefe del cuerpo de bomberos al piromaníaco del pueblo, lo cual confirma el déficit de credibilidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cuenta entre sus miembros electos a naciones como Rusia, China, Cuba, Qatar y Venezuela”.
Asuntos como éste definitivamente manchan la imagen y destruyen la credibilidad y legitimidad de muchas de las posturas asumidas por los diversos organismos que integran la ONU. Para un espectador común de estos tejemanejes, algo como la inclusión de Arabia Saudita en un puesto tan protagónico relativo a derechos humanos no puede ser interpretado más que como una prueba de que son los intereses de diversa índole y no los valores humanitarios, que presuntamente se defienden, el origen prioritario del reparto de prebendas y de buena parte de las decisiones que se toman en los organismos internacionales.
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