Así legitimó la ONU a la OLP

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Sin la ayuda indispensable de las Naciones Unidas desde fines de la década de 1960, es poco probable que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) hubiera logrado dejar de ser vista por la opinión pública mundial como algo más que una banda de extremistas para transformarse en la “legítima representante del pueblo palestino” –y sus militantes, en “luchadores por la libertad”–. La Asamblea General (AG) le procuró respeto y reconocimiento internacionales a través de resoluciones clave que le confirieron el estatus de observador permanente ante la organización multinacional, endosaron su plataforma política, invitaron a su líder a disertar ante la propia AG y, en general, favorecieron la creación de una atmósfera propicia para la aceptación y consecuente legitimación de un movimiento que clamaba por la destrucción de un Estado miembro de la propia ONU y practicaba el terrorismo indiscriminado a lo largo y ancho del planeta.

Al presentarse como un grupo esencialmente anticolonialista, antirracista y antiimperialista, la OLP se ganó el favor y las simpatías de todas las excolonias que identificaron la causa palestina con su propia lucha independentista, de los países africanos que sufrieron el flagelo del racismo y de los Estados de Europa y Latinoamérica sacudidos por el fervor antiimperialista. Estos países, agrupados en torno a entes como el Movimiento de los No Alineados y la Organización para la Unidad Africana, eran mayoría en la ONU, y aprobaron resoluciones en la AG que gradualmente legitimaron a una OLP a la que se incluía en la familia de los movimientos de liberación nacional.

El 10 de diciembre de 1969, la AG adoptó la resolución 2535 B (XXIV), que por primera vez incorporó la palabra palestinos a una resolución de la ONU (hasta entonces eran definidos como “refugiados árabes”). Ahí se hablaba de los “derechos inalienables de los palestinos”, entre los que se contaba el de “autodeterminación”. Cuatro días más tarde, la AG adoptó la resolución 1514 (XV), sobre el otorgamiento de la independencia a países colonizados: en ella se afirmaba que “todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación” y se proclamaba “la necesidad de finalizar rápida e incondicionalmente el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”.


El 4 de noviembre de 1970, la AG adoptó la resolución 2628 (XXV), que declaró la necesidad de respetar los derechos del pueblo palestino mediante el establecimiento de una paz justa y duradera en el Medio Oriente. Así como “lucha armada” era un eufemismo empleado por la OLP para referirse a los actos de terror contra Israel, “paz justa y duradera” se convirtió desde entonces en un eufemismo para la destrucción de Israel en las Naciones Unidas. Semanas más tarde, el 30 de noviembre, la AG extendió la aplicación de la Declaración de Descolonización al problema palestino al reconocer el derecho palestino a la autodeterminación en la resolución 2649 (XXV). El 8 de diciembre de 1970, la AG expandió los “derechos inalienables” del pueblo palestino, que incluían el derecho a la autodeterminación, en la resolución 2672 (XXV).

La conexión entre la lucha anticolonialista y la causa palestina fue reforzada el 14 de diciembre de 1970 con la resolución 2708 (XX), que reafirmó el “reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los pueblos coloniales y de los pueblos bajo dominación foránea para ejercitar su derecho a la autodeterminación”. Lo de “dominación foránea” fue interpretado como una inclusión de la causa palestina. La 2708 (XX) se ha considerado creadora de una nueva categoría de uso legítimo de la fuerza… contra Estados miembro.

En 1970 la AG adoptó la Declaración de Principios de la Legalidad Internacional respecto a Naciones Amigables, que amplió los derechos de los pueblos y restringió los de los Estados al afirmar: “Todo Estado tiene la obligación de abstenerse de cualquier acción forzosa que prive a los pueblos (…) de su derecho a la autodeterminación, la libertad y la independencia. En sus acciones de resistencia contra tal acción forzosa en pos del ejercicio de la autodeterminación, tales pueblos tienen el derecho a solicitar y recibir apoyo, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta”.

Jeane Kirkpatrick, exembajadora norteamericana ante la ONU, opinó oportunamente que con esta declaración la AG sentenció no sólo que los pueblos tienen derechos superiores a los de los Estados, sino que los Estados que resistan a esos pueblos se convertirán en agresores:

De esta manera, la Asamblea General subordinó el principio de la ‘inviolabilidad soberana’ de los Estados a la lucha de los ‘pueblos’ contra el ‘colonialismo’ y puso importantes restricciones al derecho de los Estados a la autodefensa.

Al año siguiente, el 6 de diciembre de 1971, la AG respaldó “la legalidad y legitimidad de la lucha del pueblo palestino por la autodeterminación” al adoptar la resolución 2787 (XXVI). En 1973, la AG adoptó la resolución 3070, que contiene una retórica que parece tomada directamente de la Carta Nacional Palestina. Los palestinos, afirma, tienen derecho a “liberarse de la dominación extranjera y del sometimiento foráneo por todos los medios disponibles, incluso la lucha armada”. Toda esta codificación legal de una teoría tercermundista de la “lucha contra el colonialismo”, que presenta a los palestinos como un pueblo oprimido en busca de la “autodeterminación nacional” y a Israel como el Estado “imperialista” y “opresor”, sirvió para ubicar a la OLP en el lugar de la víctima y a Israel en el del victimario.

El 14 de octubre de 1974, la AG adoptó la resolución 3210 (XXIX), por la cual invitaba a la OLP a participar de la discusión sobre la Cuestión de Palestina que tendría lugar el 4 de noviembre del mismo año. El texto fue aprobado con 105 votos a favor, cuatro en contra y veinte abstenciones. La 3210 (XXIX) tiene una extensión de apenas tres líneas, pero su impacto fue enorme. Y es que con ella la AG, que hasta entonces había avalado los méritos de la causa palestina e implícitamente reconocido a la OLP como el vocero de la misma, legitimó explícitamente a la organización de Yaser Arafat como la “representante del pueblo palestino”. Al hacerlo, y al invitar a Arafat a disertar ante sus miembros, la AG apoyó la causa de una organización terrorista dedicada a la aniquilación de un Estado miembro de la ONU, lo cual constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos artículos 1, 22 y 33 demandan la resolución de las disputas internacionales de manera pacífica (por no mencionar que la OLP ni siquiera era un Estado).

La visita de Arafat demandó un despliegue de seguridad de cientos de miles de dólares y generó una gran polémica por la naturaleza misma de la invitación al entonces terrorista más famoso del mundo para que disertara ante una prestigiosa organización dedicada a la promoción de la paz, por no hablar del escándalo que supuso que se dejara al líder palestino llevar armas en la mera sede de la ONU.

Arafat fue recibido con honores: por orden del presidente de la Asamblea, fue escoltado hasta la tribuna de oradores por el jefe de protocolo, honor generalmente reservado para jefes de Estado. Vestido con su clásico uniforme militar y la kefia, Arafat pronunció un discurso de casi dos horas en árabe, en el que comparó al sionismo con el colonialismo, presentó a Israel como enemigo del Tercer Mundo, se anunció como defensor del monoteísmo, describió a la OLP como una organización de caridad, instó a la comunidad internacional a restringir la inmigración judía a Israel, reescribió la historia del conflicto árabe-israelí y se proclamó pacifista:

Hoy he venido con una rama de olivo y una pistola de luchador por la libertad. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano.

Arafat fue masivamente ovacionado. Esa misma tarde –y durante los siguientes nueve días–, la Asamblea debatió sobre su discurso. De los 81 países que tomaron la palabra, 61 se pronunciaron a su favor. Las naciones aliadas se deshicieron en elogios. Bangladesh dijo que la alocución de Arafat había sido “inspiradora”; Somalia la encontró “movilizadora” Madagascar, “moderada y conciliadora”. Nigeria opinó que fue “conmovedora” y Mauritania, “brillante y extremadamente moderada”. Túnez dijo: “La apertura mental, nobleza y tolerancia del discurso del Sr. Arafat (…) son prueba tangible de la madurez política y el sentido de responsabilidad del gran pueblo palestino”. Antes de que su embajador pudiera responder, la Asamblea votó limitar el uso de la palabra de Israel a un breve derecho a réplica al final del día. Sin embargo, la voz del diplomático resonó con claridad cuando afirmó: “El 14 de octubre la ONU colgó un cartel que dice: ‘Los asesinos de niños son bienvenidos’”. La prensa internacional expresó su desaprobación mediante sentidos editoriales, y se celebraron manifestaciones aquí y allá contra el trato brindado a la OLP. Después de todo, la imagen de un terrorista en uniforme dando lecciones al mundo entero con el aval de la ONU no era un espectáculo al que Occidente estuviera muy acostumbrado.

Al margen de dichas protestas, el prestigio concedido a la OLP fue irreversible; si acaso, se aceleró su proceso de aceptación y legitimación internacional, que no haría sino afianzarse con varias resoluciones más.

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