El pasado 14 de octubre se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec la segunda reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el Gobierno Federal.
La reunión tuvo lugar a pesar de que los funcionarios del Gobierno Federal hicieron todo lo posible por evadir el compromiso adquirido el 23 de junio en la primera reunión del Castillo con el Movimiento que encabeza Javier Sicilia,. Se trató sin embargo, de disfrazar como una más de las reuniones sobre seguridad que ha venido realizando el Presidente Calderón con varias organizaciones civiles afines a su estrategia de seguridad pública. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, los medios de comunicación la tomaron como una reunión con el Movimiento a la que también habían sido invitados líderes de otras organizaciones.
La enorme resistencia para llevarla a cabo, las tensas negociaciones previas y a falta de sensibilidad del Estado Mayor presidencial al no dejar pasar a las madres de víctimas con las fotografías a tamaño carta de sus hijos desaparecidos, provocó un ambiente de gran tensión en el evento. Al inicio, la atmósfera podía cortarse con un cuchillo. Los saludos cordiales de la reunión anterior fueron sustituidos por caras adustas y por la evasión del cruce de miradas a fin de evitar siquiera intercambiar una sonrisa amable.
El evento, previsto para durar 3 horas, duró poca más de 6, de las cuales el Presidente Calderón tomó alrededor de dos horas y media para responder a los planteamientos que le hicimos varios miembros del Movimiento sobre los resultados de las mesas de diálogo que se habían establecido con funcionarios del Gobierno Federal. Al término de la prolongada respuesta del presidente a nuestras exposiciones, yo veía en mis compañeros la molestia por un formato que no permitía responderle al Presidente, ni siquiera para aclarar los conceptos expuestos. Terminó como un diálogo de sordos, un modelo de comunicación fallido.
Para el Presidente este ejercicio era un ejemplo de que su gobierno no podía ser tachado de autoritario, que tenía una política de estado en materia de participación ciudadana y que estaba dispuesto a dialogar, cuestiones que le fueron reclamadas como ausentes, en nuestras intervenciones.
Un ejemplo de la incomunicación dominante fue el asunto de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito, creada por un decreto del Presidente Calderón del pasado 6 de septiembre. Para los funcionarios del gobierno ésta Procuraduría representaba el ejemplo más acabado y de respuesta más rápida, a las demandas del Movimiento sobre la urgente necesidad de atender a las miles de víctimas que hay en el país, que están solas, que no cuentan ni con recursos económicos, ni con “palancas” políticas, que tienen una enorme desconfianza hacia las instituciones y que cuando se acercan a estás, son revictimizadas.
Las intervenciones iniciales de miembros del Movimiento, mostraron desacuerdo con la forma y fondo de la creación de esa Procuraduría. Los principales desacuerdos son:
1.- El Movimiento propuso diseñar un Sistema de Atención Integral a Víctimas para garantizar verdad, justicia, memoria y reparación del daño. El sistema debería incluir la formulación de una Ley General de Atención a Víctimas y la armonización de otras leyes relacionadas, la creación de una Comisión de la Verdad, de un Registro Nacional de Víctimas y de un Fondo de Emergencia para la Atención a Víctimas.
2. Un segundo desacuerdo es que la Procuraduría atenderá sólo a las víctimas del delito, por lo que no se está reconociendo que en el contexto de emergencia nacional en que vivimos, parte del Estado también se ha convertido en victimario. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad pública, militares, marinos y funcionarios abusan de su poder y violan los derechos humanos más elementales. Las desapariciones forzadas, las prácticas de tortura y las ejecuciones sumarias han aumentado de manera alarmante en los dos últimos años.
3. Un tercer aspecto se refiere a la ausencia de una participación de las organizaciones de la sociedad civil, de expertos y específicamente, de víctimas, en el diseño de la Procuraduría, a la par de una reducida participación social en la junta de gobierno de la misma. De las trece posiciones sólo cuatro serán para ciudadanos seleccionados por el Presidente de la República y otras cuatro son ocupadas por la PGR; Marina el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública
4. Otra preocupación del Movimiento es que la Procuraduría se está armando mediante transferencias de recursos y personas principalmente de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, no se le asignan recursos presupuestales propios. Va a resultar un rompecabezas armado con piezas de distintos rompecabezas, con el riesgo de que no embonen.
Es decir, una respuesta precaria para un problema de gran envergadura que está afectando un número cada vez a mayor de familias y personas.
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