Desde hace nueve años Líbano no celebraba elecciones parlamentarias. Las causas, el desacuerdo acerca de la creación de una nueva ley electoral, factores conectados con seguridad, dos años sin presidente electo y un vacío político parcial. De ahí que el Parlamento integrado en junio de 2009 se mantenga vigente hasta ahora, cuando finalmente hay una nueva ley electoral que mal que bien ha sido aceptada para elegir hoy a 128 diputados, mitad de ellos cristianos y mitad musulmanes. El número de candidatos registrados se cerró en 595, de los cuales 86 son mujeres, (en 2009 sólo hubo 12 candidatas).
Aun cuando esta vez aparecen en la lista de candidatos algunas celebridades del campo del espectáculo y activistas de la sociedad civil que destacaron por su compromiso social en la llamada crisis de la basura de 2015 –por meses no hubo servicios de recolección de desechos– son los miembros de las dinastías que han concentrado el poder político y económico en el país quienes constituyen una mayoría significativa de los aspirantes a escaño.
Ahí están los Jumblatt, los Franjieh, los Tueni, de larga presencia en la historia política libanesa, ejemplos de cómo aún ahora con la nueva ley electoral, las élites de siempre, tanto entre la población cristiana, sunnita, chiita o drusa, siguen siendo las principales dueñas del mando nacional, que por cierto, tradicionalmente ha operado bajo un modelo en esencia clientelar.
Pero a pesar del avance que significa la posibilidad de comicios, la población de Líbano, integrada por seis millones de personas, está eligiendo hoy a su nuevo Parlamento en medio de una crisis cuya gravedad es inocultable. Siendo un país que ocupa el lugar 154 en la lista de 180 en el tema de corrupción, padece además una fragmentación étnico-religiosa que no ha podido ser resuelta y a la que se han sumado el arribo y permanencia en el país de casi 1.5 millones de refugiados de la guerra civil siria. Sujeto a los bandazos del amplio mundo musulmán que en los últimos tiempos se ha polarizado entre el sunismo y el chiismo, Líbano ha sido un pequeño tablero donde esa tensión se ha desplegado intensamente.
El estallido de la guerra civil en Siria en 2011 fue sin duda el punto de quiebre para el fin de una relativamente buena época en Líbano, ya que hasta entonces el país registraba crecimientos económicos hasta de 9%. Sin embargo, el inacabable terremoto que sacude a su vecino sirio desde hace siete años, ha tenido graves consecuencias para Líbano.
En 2017, su deuda se estimó en 80 mil millones de dólares, 150% de su PIB, y su crecimiento económico fue ya de tan sólo 1.1%, llegando la emergencia económica a ser tan apremiante que el 6 de febrero pasado ante la evidente quiebra del país, la comunidad internacional intentó reunir 11 mil millones de dólares a fin de impedir el desastre financiero total.
Finalmente se lograron recaudar 10.2 mil millones en calidad de préstamos y 860 millones en donaciones, pero ello elevará aún más la deuda. Así, a menos que se tomen medidas drásticas que implican todo un complejo reacomodo en numerosas áreas, una nueva debacle aparecerá muy pronto en el horizonte. Por ejemplo, entre muchos otros cambios sería necesaria una reforma fiscal que aumente los impuestos, pero en las condiciones actuales del país, con su raquítico crecimiento económico y la tasa de desempleo de cerca de 40% entre los
jóvenes, las condiciones para la elevación de impuestos son adversas. El 8 de abril pasado el máximo líder de la agrupación chiita libanesa Hezbolá, Hassán Nasrallah, amenazó con tomar las calles si se imponían reformas que afectaran a las clases más pobres. En ese contexto, la ayuda proveniente de la comunidad internacional será probablemente sólo un paliativo temporal, por lo que puede preverse que el nuevo parlamento pronto se verá enfrentado a su primera gran crisis.
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