Diario Judío México -

Estas dos últimas semanas han sido muy intensas en acontecimientos y en información: las tomas de posesión de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera, la presentación de su respectivos gabinetes, lo ocurrido en las calles del centro de la ciudad el primero de diciembre donde las protestas de jóvenes fueron contaminadas por un vandalismo financiado por distintas fuerzas políticas, la firma de un Pacto por que intenta mostrar una unidad en torno a una agenda de puntos de esas mismas fuerzas políticas y la propuesta de reforma constitucional en materia de educación.

Pero todo esto después de al menos un mes de activismo mediático de Felipe Calderón en un cierre de Gobierno donde además de un incontable número de obras inauguradas o reinauguradas, hizo anuncios de yacimientos petroleros, repartió Aguilas Aztecas a diestra y siniestra, nombró embajadores sin antecedentes suficientes y dejó a dos nuevas embajadoras eméritas con gran disgusto de los miembros del servicios exterior de carrera. En mi ya larga historia en la vida pública, no recuerdo presidente alguno que hubiera querido lavarse la cara antes de irse como quiso hacerlo Calderón.

Calderón incluso obligó a su obscura y desconocida Secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, a utilizar el teatro llamado Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para generar un velado aumento del salario mínimo legal promedio a fin de que su sexenio no concluyera con una caída del salario mínimo real.

Más o menos desde el año de 1996 las fijaciones anuales del salario mínimo legal habían conseguido mantener el valor real de dicho salario al mismo bajísimo nivel. Ello debido a que finalmente han sido el Banco de y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los que iluminan a la Comisión Nacional sobre cuál es la expectativa de inflación para el año siguiente y por lo tanto, qué aumento “autorizan” para el salario mínimo. La Comisión entonces realiza la ceremonia en su Consejo, donde participan representantes obreros y patronales y llevan a cabo el rito anual de fijación de los salarios mínimos legales que estarán vigentes para el siguiente año. Esta ceremonia se repite desde el año de 1977 cuando la Comisión perdió su autonomía y se convirtió en títere de las autoridades hacendarias del país.

Ahora bien, en 1996 el salario mínimo legal real alcanzó su nivel más bajo representando tan sólo la cuarta parte de lo que era en 1976. Ese bajísimo nivel se había mantenido con ligeras fluctuaciones hasta mediados de 2012. Pues bien resulta que el sexenio calderonista estaba en riesgo de quedar registrado en la historia como aquel en donde el minisalario había tenido una nueva caida en su valor real, debido a los espectaculares incrementos en los precios internacionales de los alimentos en los últimos meses,

Entonces Don Felipe, llamó a la Sra. Vélez Juárez y le dijo que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar que su sexenio quedara en la historia como aquel donde el salario mínimo tuvo una nueva baja, rompiendo la tendencia mantenida ya por más de quince años.

Ese es realmente el origen de esa rara noticia donde nos enteramos que el 27 de noviembre, tres días antes de que terminara el sexenio de Calderón, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había decidido integrar la Zona B de salarios a la A provocando un aumento de 1.76 pesos al salario de esa zona B y convertir la anterior zona C en B. Ese aumento de 1.76 pesos para algunas regiones del país como las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara resultó suficiente para que el promedio general del salario mínimo en términos de su valor real, no mostrara una caída al final del periodo calderonista.

Ni la Sra, Vélez, ni el presidente de la Comisión tuvieron el cuidado de “planchar” como se dice en la jerga , ese aumento con los representantes empresariales en el Consejo y eso originó una gran protesta pública por parte de estos.

El resultado de este enredo es que hubo una fijación extraordinaria de salarios que nos pasó como bola rápida, bajo engaños y simulaciones y no como un acto de justicia social, sino para evitar una mancha más en la roja capa de fin de sexenio.

Pero para cerrar este comentario, el INEGI nos acaba de regalar con un nuevo cálculo de lo que ahora llama empleo informal de acuerdo a nuevas definiciones aprobadas en octubre pasado por la Oficina Internacional del Trabajo. Con esta nueva definición resulta que 29.3 millones de personas, el 60.1 % de la población ocupada el país, tiene un empleo informal, es decir, seis de cada 10. Finalmente se reconoce ahora que de esos 29 millones, 6.7 millones trabajan en empresas, gobiernos e instituciones sin protecciones de seguridad social y seguramente sin prestación alguna, violando la Ley Federal del Trabajo. Sería el equivalente a lo que en otros países se llama el empleo subterráneo o de la sumergida. Son los trabajadores eventuales, a lista de raya, o con contratos de honorarios que existen por miles en los gobiernos y en las empresas para evitar generar derechos y pagos por prestaciones. La pregunta es ¿Dónde ha estado la Secretaría del Trabajo? ¿No es a ella a quién tocaría velar y proteger los derechos humanos laborales de las personas? Un dato más para evidenciar la cortedad de la recientemente aprobada reforma laboral y la inutilidad de algunas instituciones de gobierno.

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Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).