Sorpréndase usted, estimado lector, pero la pregunta que da título a este artículo, aunque parece un chiste, es seria y pertinente en función de los absurdos inherentes al sistema por el que rige sus relaciones la comunidad internacional. Mientras el régimen de Bashar Assad sigue asesinando y apresando con lujo de brutalidad a los miles de civiles que se manifiestan pacíficamente en ciudades como Deraa, Banias, Latakia, Kamishli y Damasco, en el ámbito de Naciones Unidas y de cerca de 50 ONG se discute cómo manejar y/o evitar que Siria se incorpore el próximo 20 de mayo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Porque aunque usted no lo crea, es un hecho que desde hace tiempo Siria tenía prácticamente asegurado su ingreso al mencionado Consejo. Éste, constituido por 47 países miembros, tiene programado elegir a 15 nuevos integrantes que sustituirán a igual número de miembros salientes.
Las aberraciones en cuanto a quiénes forman parte de un organismo como éste son ya antiguas. Por ejemplo, Rusia, China y Arabia Saudita están ahí y la Libia de Gadhafi fue durante un buen tiempo no sólo miembro de él, sino que incluso llegó a ser una de sus cabezas. Es cierto que a raíz de la rebelión en Libia este país ha sido expulsado del seno del Consejo ¡no faltaba más! Pero las incongruencias persisten y están lejos de acabar. Una de ellas es sin duda que el régimen de Assad obtenga un lugar en esta institución para ser juez que dirima y juzgue a otros países por violaciones a los derechos humanos.
Lo grotesco del caso queda bien ilustrado con un comentario realizado al respecto por Hilel Neuer, director ejecutivo de UN Watch con sede en Ginebra: “Elegir a Siria para ser juez acerca de derechos humanos equivale a nombrar a Bernard Madoff como defensor oficial de víctimas de fraudes financieros”. El escándalo es así mayúsculo, por lo que el viernes pasado, y a instancias de la representante de Estados Unidos en el Buró de la Organización de Asuntos Internacionales, se condenó en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, la violenta represión del régimen sirio contra sus ciudadanos. Se decidió asimismo crear una comisión investigadora independiente capaz de precisar ante la comunidad internacional el alcance de las atrocidades cometidas por las huestes de Assad. Se trata, curiosamente, de la primera vez, en los cinco años de vida del Consejo, que Siria está en el banquillo de los acusados, del mismo modo como nunca antes de la reciente crisis libia, Gadhafi sufrió ningún cuestionamiento.
Lo extraño es que a pesar de las condenas al gobierno de Assad, la cuestión de la candidatura de Siria para obtener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos el próximo 20 de mayo, sigue en curso. Y en ello mucho tiene que ver la forma como se integra tal Consejo ya que dicho proceso es a partir de cuotas y votaciones regionales sin necesidad de cubrir el criterio básico de contar con un historial digno respecto al asunto específico sobre el que se pretende actuar. O sea que si el bloque islámico, latinoamericano, de Europa del este, del sureste asiático o cualquier otro elige por mayoría a sus candidatos para formar parte del Consejo, es irrelevante que los electos tengan o no los méritos necesarios para fungir como jueces. Quedan así ellos a salvo de cualquier cuestionamiento, mientras que sus enemigos políticos se convierten automáticamente en los blancos predilectos para ser acusados.
En síntesis, se trata de un arma política disfrazada de labor humanista que sólo a los ingenuos o desinformados puede engañar. Que Libia y Arabia Saudita o Cuba y China sean quienes juzguen a otros por violaciones a los derechos humanos resulta patético. Y si en efecto, el 20 de mayo el régimen sirio sigue siendo contemplado para ingresar al Consejo, ello será sin duda uno de los últimos clavos en el ataúd de un organismo que carece ya de toda credibilidad y que sin embargo consume jugosos presupuestos y encubre descaradamente a algunos de los peores Estados violadores de los derechos humanos.
Fuente: Excélsior
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