El ministerio de Justicia publicó un proyecto de enmienda a la ley demoninada «lucha contra la infiltración» que penaliza transferencias electrónicas de inmigrantes ilegales a sus familiares en el extranjero. El delito podría ser penado con una sanción de seis meses de prisión o una multa de 29.200 shekels (cerca de 7.400 dólares).
«Reducir el incentivo económico es una herramienta eficaz para hacer frente al fenómeno de la infiltración», explicó el comunicado emitido por el ministerio.
«En los últimos años, Israel estuvo lidiando con una ola de infiltrados africanos, que asciende actualmente a más de 60.000 personas», declaró el comunicado donde también se señaló que, se estima, que la mayoría de los infiltrados son trabajadores ilegales que llegan al país con el fin de encontrar trabajo y enviar dinero a sus familias.
«La prohibición no se aplicará a las personas que fueron reconocidas como refugiados, o en casos especiales de asistencia humanitaria», dijo el comunicado sobre el proyecto de ley que será presentado al Comité Ministerial de Asuntos Legislativos, y en caso de ser aprobado, será puesto a la lectura preliminar en el pleno de la Knéset.
Poco después de la presentación, los grupos de ayuda a inmigrantes aseguraron que la medida «es una violación inconstitucional al derecho de propiedad de los solicitantes de asilo».
También los mismos inmigrantes se hicieron oír, declarando que muchos de ellos dejan familiares enfermos en campos de refugiados, con el fin de ganar dinero para salvar sus vidas. Además, de acuerdo con algunos de los inmigrantes, «la mayoría de los fondos se transfieren a través de canales ilegales y no a través de bancos, y por lo tanto, el gobierno debe centrarse en detener el comercio ilegal en lugar de aprobar esta legislación».
Sigal Rozen, directora del Centro de Ayuda de Trabajadores Extranjeros, explicó que «últimamente un creciente número de solicitantes de asilo llegan involuntariamente de Eritrea. Ellos fueron secuestrados en los campamentos de refugiados por contrabandistas beduinos que cobran un rescate de hasta 60.000 dólares, los cuales son pagados por sus familiares en el extranjero».
Rozen agregó que «después de pagar el rescate, estas personas son liberadas de los campos de tortura y cruzan a Israel, donde se ven obligados a trabajar para pagar a sus familiares el dinero invertido en el secuestro. Los obstáculos que Israel está tratando de amasar son nada en comparación con las dificultades que enfrentan los refugiados en Sudán, Eritrea y Egipto. Por lo tanto, es probable que continúen viniendo aquí».
Rozen señaló que «sólo mediante el reconocimiento como refugiados, Israel puede recibir ayuda de otros países occidentales, que son más grandes y pueden absorberlos». Hasta el momento sólo 157 personas fueron reconocidas como refugiados.
Mientras tanto, más de 130 inmigrantes fueron arrestados la semana pasada y trasladados a un centro de detención como parte de la lucha de Israel contra la inmigración ilegal. Según los datos presentados en una reunión convocada por el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, alrededor de 930 inmigrantes ilegales fueron detenidos en junio y 2.001 en mayo.
Netanyahu destacó la importancia en la rapidez de la construcción de la valla en la frontera con Egipto, que, se espera, esté terminada para octubre, y aseguró que «ttenemos mucho por hacer pero estamos en el camino correcto».
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