El covid-19 conduce a Israel a una de las mayores crisis de su breve historia. A un ritmo de más de 500 afectados al día el número total hoy supera los 16 mil. El cierre de algunas ciudades- incluyendo bibliotecas universitarias y sinagogas – no ofrece los resultados esperados. Y las manifestaciones de protesta – en las calles y en los medios – se multiplican asumiendo rasgos violentos entre las multitudes afectadas por la parálisis económica y los cuerpos policiales que deben preservar el orden público.
En paralelo, las críticas al gobierno presidido por Benjamín Netanyahu asumen saliente filo. Se le responsabiliza personalmente tanto por su mediocre liderazgo de un costoso gobierno compuesto por 38 ministros como por sus cambiantes e ineficientes medidas que apenas frenan la expansión del virus.
Hasta este momento a ninguno de sus miembros se le ha ocurrido renunciar o restringir el alto salario que perciben por tareas que apenas aciertan a desempeñar.
Debido a la gravedad de este escenario y sus oscuras perspectivas gana terreno la idea de transferir la dirección de las acciones en contra del virus a las fuerzas militares especializadas en lidiar con calamidades y desastres. Decisión que el gabinete ministerial colmado hoy por tensiones personales se demora en asumir.
Corresponde recordar que en los primeros días de la próxima semana Netanyahu y/o sus abogados deberán presentarse ante los tres jueces que examinan los presuntos delitos que habría cometido en los últimos años. En vista de la rápida propagación del covid es probable que esta comparecencia será postergada.
Se trata en fin de un grave e inquietante escenario que desordena sustancialmente el ambiente público y político del país. Gravitará además en el carácter y la composición de los tradicionales festejos por el nuevo Año Judío.
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