La inquisición en México

Si tan sólo pudiéramos correr el velo que la historia ha puesto a su paso en una marcha disonante llena de ritmos y pautas dirigidas por las voluntades de los hombres abanderados de pasión e infundidos por conservar sus
creencias donde los ocultados y los reveladores buscan la luz de su fe.

Los imperios hispánico y lusitano en sus territorios y en las indias demonizaron a los judíos por medio de sus inquisiciones nacionales. Por su parte los cristianos nuevos y judaizantes vivieron en la clandestinidad sin dejar huella de su existencia comunitaria por el temor a los reglamentos de pureza de sangre.

Inquisición española

La Inquisición española se fundó con aprobación papal en 1478, a propuesta del rey Fernando V y la reina Isabel I. Esta Inquisición se iba a ocupar del problema de los llamados marranos, los judíos que por coerción o por presión social se habían convertido al cristianismo; después de 1502 centró su atención en los conversos del mismo tipo del Islam, y en la década de 1520 a los sospechosos de apoyar las tesis del protestantismo. A los pocos años de la fundación de la Inquisición, el papado renunció en la práctica a su supervisión en favor de los soberanos españoles. De esta forma la Inquisición española se convirtió en un instrumento en manos del Estado más que de la Iglesia, aunque los eclesiásticos, y de forma destacada los dominicos, actuaran siempre como sus funcionarios.

La Inquisición española estuvo dirigida por el Consejo de la Suprema Inquisición, pero sus procedimientos fueron similares a los de su réplica medieval. Con el tiempo se convirtió en un tema popular, en especial en las zonas protestantes, por su crueldad y oscurantismo, aunque sus métodos fueran parecidos a los de instituciones similares en otros países católicos romanos y protestantes de Europa. Sin embargo, su superior organización y la consistencia del apoyo que recibía de los monarcas españoles, descollando Felipe II, hicieron que tuviera un mayor impacto en la religión, la política o la cultura que las instituciones paralelas de otros países. Esta eficacia y el apoyo político permitieron a Tomás de Torquemada, el primero y más notable gran inquisidor, ejecutar por miles a supuestos herejes.

El gran inquisidor y su tribunal tenían jurisdicción sobre los tribunales locales de virreinatos como México y Perú, donde estuvieron más ocupados con la hechicería que con la herejía. El emperador Carlos V introdujo la Inquisición en los Países Bajos en 1522, pero no consiguió acabar con el protestantismo. Se estableció en Sicilia en 1517, aunque no lo pudo hacer en Nápoles y Milán. Los historiadores han señalado que muchos territorios protestantes tenían instituciones tan represivas como la Inquisición española, por ejemplo el consistorio de Ginebra en tiempos del reformador francés Juan Calvino. La Inquisición quedó al fin suprimida en España en 1843, tras un primer intento, fallido, de los liberales en las Cortes de Cádiz, en 1812.

Aunque, según hemos visto, la Inquisición quedó formalmente constituida en España con carácter órgano judicial oficial desde los años ochenta del siglo XV, las actividades inquisitoriales en México tardaron mucho tiempo en ser sometidas a la jurisdicción de un Tribunal del Santo Oficio propiamente dicho, puesto que no lo hubo antes de 1571.

Los principios de aquellas actividades por la diversidad de autoridades que intervinieron y la falta de precisión de sus facultades para hacerlo. La autoridad seglar, incluso, se abocó en no pocos casos, y durante buen número de años, al conocimiento y castigo de los actos que normalmente correspondían a la jurisdicción episcopal y, mejor aún, a la inquisitorial. Citemos al respecto y sólo como casos muy notorios las Ordenanzas contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520, es decir, aún antes de la caída de Tenochtitlán, hay indicios ciertos de actividades inquisitoriales contra herejes desde 1522, realizadas al parecer, por frailes que desde la época ya que se hallaban en México, quizás actuando con poderes directos del papa. Ahora bien, este hecho tiene interés partícular de ofrecernos el antecedente inmediato de la primera etapa de la Inquisición en México la etapa “monástica”, de la que nos ocuparemos enseguida.

Inquisición Monástica

Para extender la acción de el Santo Oficio a las tierras americanas, el cardenal Adriano de Utrecht, inquisidor general de España desde 1517, delegó su autoridad en don Alonso Manso, obispo de Puerto Rico, y en fray Pedro de Córdoba, viceprovincial de los dominicos en las indias, con residencia en la ciudad de Santo Domingo de la isla Española. En 1524, de camino a México, pasó por dicha ciudad la misión franciscana de “los doce” encabezada por fray Martín de Valencia. De acuerdo con lo anterior, debemos contar a Fray Martín de Valencia como el primer inquisidor en México, aunque no en sentido riguroso. Es muy poco lo que se sabe de sus actividades de inquisidor y casi se reduce a la ejecución, por idólatras, de cuatro indios nobles tlaxcaltecas, como castigo ejemplar en la enérgica campaña evangelizadora emprendida por los franciscanos.

A poco tiempo, en 1526 llegaron a Nueva España los religiosos de la Orden de Santo Domingo, a cuyos miembros correspondía por tradición, según ya indicamos, el ejercicio de las funciones inquisitoriales. El cargo de inquisidor pasó, pues, de fray Martín al dominico fray Tomás Ortiz, que encabezaba la misión. Este duró poco en el cargo, puesto que al año siguiente el célebre fray Domingo de Betanzos, el verdadero fundador de su Orden en Nueva España, fue designado para sustituirlo y quedó investido de las mismas facultades que su antecesor. El ministerio inquisitorial de Betanzos también fue de corta duración (mayo 1527 – septiembre 1528), pero, a diferencia de Ortiz, el nuevo inquisidor se demostró sumamente activo. Procesó a muchos de los antiguos conquistadores por blasfemos, mostrándose en ello muy enemigo de los afectos al partido que favorecía los intereses de Hernán Cortés.

El proceso más notable de los incoados por Betanzos fue el del viejo conquistador Rodrigo Rengel, que había servido los puestos de alcalde en Veracruz y Pánuco y era en ese momento regidor del ayuntamiento de la ciudad de México. Sin duda, la afición de Rengel era, en realidad, culpable de las más horrendas blasfemias, según fueron informando las averiguaciones durante el proceso. También se le acusó de herejía y de haber llevado una vida disoluta. Rengel supo defenderse con habilidad empleando los servicios de abogados notables y mediante confesiones y protestas de arrepentimiento. El asunto se complicó políticamente por intervención indirecta de Cortés, de suerte que el padre Betanzos se vio presionado hasta un punto de abdicar su jurisdicción a favor de los franciscanos. El padre custodio de éstos, fray Luis de Fuensalida, aceptó la responsabilidad del proceso y comisionó al famoso misionero e historiador fray Toribio Motolinía para que dictara la sentencia. Así lo hizo con fecha 3 de septiembre de 1527, y si bien es seguro que fue menos severo de lo que habría sido Betanzos, no por eso dejó de imponerle a Rengel una pena económicamente considerable y encarcelamiento por cinco meses en un monasterio. De mayor importancia fue la actuación inquisitorial del sucesor del Padre Betanzos, fray Vicente de Santa María, que se distingue por haber llevado a cabo, en octubre de1528, el primer auto de fe que se celebró en México, por ahora basta decir que se trata de una ceremonia pública en la que la Inquisición sacaba a la plaza o a la iglesia a los reos sentenciados, daba a conocer sus causas, los exponía a humillaciones y los entregaba al castigo. Este primer auto de fe está muy mal documentado, pero lo suficiente para saber que en él fueron quemados por herejes Hernando Alonzo. Fue quien construyó los barcos que Hernán Cortés usó en el asalto a Tenochtitlán, la Capital Azteca, y fue quemado vivo en Ciudad de México en 1528.

Alonzo fue el primer judío en Norteamérica y fue capturado practicando el Judaísmo. No obstante, hubo algunos otros conversos además de Alonzo en posiciones de liderato en el Gobierno de la Nueva España (México). Como Gonzalo de Morales y que salieron otros reos sentenciados a penas menores. Después de este acto espectacular se advierte una cesación de las actividades inquisitoriales hasta la época en que el cargo de inquisidor fue depositado en el primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga. Se han propuesto varias explicaciones de esa misteriosa cesación de actividades, pero ninguna de ellas fue suficiente comprobada para merecer absoluto crédito.

La inquisición episcopal

La responsabilidad recayó en los obispos en virtud de la antigua facultad que tenían para proceder judicialmente contra los herejes. El 12 de diciembre de 1527 el emperador Carlos V presentó a la Santa Sede el nombre de un fraile llamado Juan de Zumárraga para que ocupara el obispado de México. Por dificultades entre el papa y el emperador, Zumárraga no obtuvo de inmediato las bulas que los acreditaban como obispo y se vio obligado a venir a México sin ellas, colocándose en una posición sumamente débil y ambigua. Estuvo en la capital de Nueva España desde 1528 hasta mediados de 1532, en que regresó a España para regularizar su situación.

Procedimientos

Los inquisidores se establecían por un periodo definido de semanas o meses en alguna plaza central, desde donde promulgaban órdenes solicitando que todo culpable de herejía se presentara por propia iniciativa. Los inquisidores podían entablar pleito contra cualquier persona sospechosa. A quienes se presentaban por propia voluntad y confesaban su herejía, se les imponía penas menores que a los que había que juzgar y condenar. Se concedía un periodo de gracia de un mes más o menos para realizar esta confesión espontánea; el verdadero proceso comenzaba después.

Si los inquisidores decidían procesar a una persona sospechosa de herejía, el prelado del sospechoso publicaba el requerimiento judicial. La policía inquisitorial buscaba a aquellos que se negaban a obedecer los requerimientos, y no se les concedía derecho de asilo. Los acusados recibían una declaración de cargos contra ellos. Los inquisidores contaban con una especie de consejo, formado por clérigos y laicos, para que les ayudaran a dictar un veredicto. Les estaba permitido encarcelar testigos sobre los que recayera la sospecha de que estaban mintiendo. En 1252 el papa Inocencio IV, bajo la influencia del renacimiento del Derecho romano, autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Hasta entonces este procedimiento había sido ajeno a la tradición canónica.

Los castigos y sentencias para los que confesaban o eran declarados culpables se pronunciaban al mismo tiempo en una ceremonia pública al final de todo el proceso. Era el sermo generalis o auto de fe. Los castigos podían consistir en una peregrinación, un suplicio público, una multa o cargar con una cruz. Las dos lengüetas de tela roja cosidas en el exterior de la ropa señalaban a los que habían hecho falsas acusaciones. En los casos más graves las penas eran la confiscación de propiedades o el encarcelamiento. La pena más severa que los inquisidores podían imponer era la de prisión perpetua. De esta forma la entrega por los inquisidores de un reo a las autoridades civiles, equivalía a solicitar la ejecución de esa persona.

Aunque en sus comienzos la Inquisición dedicó más atención a los albigenses y en menor grado a los valdenses, sus actividades se ampliaron a otros grupos heterodoxos, como la Hermandad, y más tarde a los llamados brujas y adivinos. Una vez que los albigenses estuvieron bajo control, la actividad de la Inquisición disminuyó, y a finales del siglo XIV y durante el siglo XV se supo poco de ella. Sin embargo, a finales de la edad media los príncipes seculares utilizaron modelos represivos que respondían a los de la Inquisición.