El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó una declaración institucional que busca discriminar a las personas judías y supone una grave vulneración de la ley española. La firma de este acuerdo municipal convierte a la ciudad de Pamplona en un territorio “Judenfrei”. La declaración fue aprobada por los votos a favor de los grupos radicales de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra, en contra de Unión del Pueblo Navarro y con la abstención del Partido Socialista.
Esta discriminación se hace patente en las cláusulas aprobadas por las que:
– instan a la prohibición del uso de espacios públicos del Ayuntamiento a cualquier empresa o ciudadano que tenga relación con Israel
– exigen el embargo militar a Israel, en una clara extralimitación de sus competencias
– declaran a los representantes del único estado judío, Israel, en España como personas “non gratas” y se les deniega cualquier relación institucional con el consistorio
– y apoyan la declaración institucional, aprobada en el Parlamento de Navarra y que fue promovida por el movimiento radical BDS en noviembre de 2016, instando al boicot
Todas estos puntos, sin duda alguna, marginan a un grupo social por razón de nacionalidad y/o etnia / religión, alentando públicamente la exclusión de los ciudadanos de Israel en nuestro país, algo manifiestamente inconstitucional. Para completar el atropello, también señalan y discriminan a cualquier ciudadano español que tenga vínculos con el Estado Judío lo que, por extensión, pone en la diana a los miembros de las comunidades judías españolas, vulnerando sus derechos civiles.
Israel es el único estado judío en el mundo, la única democracia en Oriente Próximo y el único país de la región con una trayectoria consistente de respeto de los derechos humanos de las minorías étnicas, de la orientación sexual de cada individuo y de la libertad religiosa. Y cabe destacar que el 20% de la población israelí, que es de origen árabe, también se vería perjudicada por las medidas discriminatorias que pretende implantar el Ayuntamiento pamplonica. La fijación de ese consistorio contra el Estado Judío, y sólo contra ese estado y ningún otro, el hogar de la mitad de los judíos del mundo evidencia su carácter netamente antisemita.
ACOM, grupo de referencia de la sociedad civil española que lucha contra la discriminación a los judíos y el hostigamiento contra Israel y sus ciudadanos en nuestro país, está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta, en este caso mediante recurso contencioso – administrativo con el fin de buscar la nulidad de dicha moción institucional. Preconizar la destrucción del Estado de Israel y limitar los derechos sociales y económicos de sus ciudadanos, empresas y amigos atenta contra valores fundamentales recogidos en nuestra Constitución.
Los tribunales de justicia españoles ya se han pronunciado sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la campaña BDS. ACOM, principal denunciante del discurso del odio y/o la discriminación por razón étnica y nacional que promueve este movimiento, ha ganado hasta el momento 37 demandas. Todas ellas han incidido en la inconstitucionalidad e ilegalidad de unas medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia.
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