Las detenciones arbitrarias de la autoridad han sido, desafortunadamente, una realidad constante que ha padecido el pueblo mexicano en el pasado no muy distante.
Sin motivo y sin que se le permitiera a quien la sufría el más elemental derecho de defensa, las mismas eran utilizadas desde entonces para que la autoridad ministerial justificara dicha detención.
Frente a esta terrible arbitrariedad, hasta antes de 2008, al menos era posible oponer el marco constitucional entonces vigente. Nadie podía ser detenido sino en el caso de un delito flagrante o mediante orden judicial, ante el cual el Ministerio Público hubiera acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Ejecutada esa orden de detención, la autoridad judicial tenía un tiempo máximo de tres o seis días, según el caso, para sujetar a proceso al detenido o dejarlo en libertad. Estos límites, que continuamente se burlaban, al menos permitían establecer algunas barreras en contra de las detenciones arbitrarias…
Sin embargo, a partir de la reforma de junio de 2008, esos limites, que de por sí ya funcionaban precariamente, fueron borrados con la introducción del arraigo en la norma constitucional
Arbitrario por su propia naturaleza, el arraigo permite detenciones extremadamente prolongadas sin que existan elementos que las justifiquen. Basta la sospecha de la autoridad ministerial, para que sea otorgado por el juez respectivo.
En nuestro texto constitucional, la detención se justifica si es necesaria “para el éxito de la investigación” y puede prolongarse hasta 80 días.
Como se ve, las garantías que al menos formalmente otorgaba la regulación anterior a la reforma se ven aniquiladas, ya que en el tiempo del arraigo no se le permite derecho de defensa al que lo padezca. Es más, he conocido casos en los que la detención prolongada sirve para que se borren los signos de la tortura que llega a padecer el detenido, generalmente para obtener confesiones forzadas que justifiquen un proceso penal fabricado.
La sevicia con la que el arraigo agravia a las libertades de todas las personas me llevó no sólo a votar contra el mismo en el proceso de discusión que de él se realizó en el Congreso entre 2007 y 2008, sino a, una vez publicado como parte del texto constitucional, buscar que fuera impugnado ante la Suprema Corte por contravenir la esencia libertaria de la propia Constitución.
Desafortunadamente los mecanismos legales vigentes que permiten la imposición autoritaria de mayorías parlamentarias en agravio del texto fundamental, impidieron lograr el porcentaje necesario para hacer dicha impugnación
Resulta paradójico e indignante que instrumentos autoritarios como el arraigo convivan en nuestro sistema legal con disposiciones protectoras de derechos humanos.
México ha sido prolijo en la firma de tratados internacionales que reconocen y amplían diversas libertades públicas; sin embargo, pareciera que sólo es con la intención de dar la imagen ante la comunidad internacional. Lamentablemente la realidad que sufre el pueblo mexicano se empeña en desconocer lo que el Estado suscribe.
Sumido como está nuestro país en un desolador panorama de descomposición social, erróneamente se dice desde el gobierno que el problema más grave es el de la inseguridad pública. Ésa es la premisa de quienes ven el terrible mal de la inseguridad como el manto que puede cubrir su incapacidad, ilegitimidad e ilicitudes que va sembrando. No, el principal problema es la corrupción que no permite que ningún cuerpo policiaco o el propio Ejército detengan los delitos que dañan a la población, que impide una recta procuración de justicia, donde las cárceles están llenas en su mayoría de pobres o inocentes, pero sin que alberguen nunca a funcionarios corruptos e influyentes o a verdaderos delincuentes.
Esta situación, junto con la famélica actuación de las procuradurías, han provocado que el pueblo de México se encuentre en medio de lo peor: por un lado la inseguridad que lacera su vida cotidiana y, por el otro, un Estado autoritario que es habitual violador de los derechos humanos.
Al igual que hace tres años me pronuncio en contra del arraigo y pido que sea extirpado de nuestro orden legal. Lo plantearé legislativamente y espero contar con el apoyo del pueblo para lograrlo.
Dirigente del Comité Eureka.
Fuente: ElUniversal.com.mx
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