La administración del presidente Donald Trump se presentó el miércoles ante la Corte Suprema de Justicia para defender la legalidad de su prohibición de viaje a personas de varios países de mayoría musulmana, una de las acciones más polémicas de su presidencia.
La corte de nueve miembros de mayoría conservadora comenzó una audiencia para escuchar los argumentos liderados por el estado de Hawai a la prohibición de viaje de Trump, que es la tercera versión de una política que buscó implementar apenas una semana después de asumir el cargo en enero de 2017.
La medida bloquea el ingreso a Estados Unidos de la mayoría de las personas provenientes de Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. Chad estaba en la lista anunciada en septiembre, pero Trump lo retiró el 10 de abril.
Venezuela y Corea del Norte también están incluidos en la prohibición de viaje, pero esas restricciones no fueron desafiadas en la corte.
La Corte nunca ha escuchado argumentos sobre los méritos legales de la prohibición de viaje o cualquier otra política migratoria importante de Trump, incluyendo su decisión de rescindir protecciones para inmigrantes jóvenes llamados ‘dreamers’ (soñadores), que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.
El tribunal actuó previamente sobre pedidos de Trump de revertir órdenes de una corte inferior que bloqueaban esas dos políticas, apoyándolo en la prohibición de viaje y oponiéndose en el caso de los ‘dreamers’.
El estado de Hawai, gobernado por demócratas, argumenta que la prohibición de viaje viola la ley federal de inmigración y la negativa de la Constitución a que el gobierno favorezca a una religión sobre otra.
La Corte Suprema mostró el 4 de diciembre que podría inclinarse hacia apoyar a Trump cuando votó por 7-2 un pedido de su administración que dejara que la prohibición entrara en vigor mientras se cumplían las instancias legales.
Trump ha generado controversia con sus políticas migratorias duras, que también incluyen acciones tomadas contra estados y ciudades que protegen a inmigrantes ilegales, una intensificación de los esfuerzos de deportación y límites a la inmigración legal.
El mandatario dice que la medida es necesaria para proteger al país del terrorismo de militantes islámicos.
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