El gobierno estadounidense presionó ayer, lunes, al juez federal George Daniels, de Manhattan, para que “considere cuidadosamente” la situación financiera de la Autoridad Palestina (AP) a la hora de determinar el monto de su derecho a apelar la condena, solidaria con la Organización de Liberación Palestina (OLP), a indemnizar con 655 millones de dólares a 10 familias por su apoyo a seis tiroteos y atentados en la zona de Jerusalem entre 2002 y 2004, atribuidos a las Brigadas de los Mártires de al-Aksa y Hamas, que asesinaron a 33 personas -varias de ellas, norteamericanas- e hirieron a más de 450.
Si bien el Departamento de Justicia se presentó en el expediente para asegurar que Washington “apoya fuertemente” que las víctimas puedan reivindicar sus intereses en los tribunales, el subsecretario de Estado Antony Blinken instó al magistrado a tener en consideración las delicadas finanzas de la AP, de modo de no afectar su viabilidad, ya que su eventual colapso “socavaría varias décadas de política exterior estadounidense y añadiría un nuevo factor desestabilizador a la región, comprometiendo la seguridad nacional”.
Kent Yalowitz, abogado de las demandantes, expresó su decepción por la posición de la Cancillería norteamericana y le respondió que si la Autoridad Palestina “cuenta con suficiente dinero para pagarles a terroristas condenados, tiene con qué abonar la sentencia de este caso”.
En febrero, el tribunal les otorgó a las familias 218,5 millones de dólares, una suma que se triplicó automáticamente en virtud de la ley antiterrorista, y éstas reclamaron que los condenados depositasen 30 millones mensuales.
En tanto, la OLP y la AP pretenden apelar sin costas.
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