La presencia de militares mexicanos en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos, dijo este jueves el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns.
Por esa razón, es “urgente” que las autoridades mexicanas cambien su estrategia de combate a la delincuencia y comiencen a retirar al Ejército y a la Marina de esas labores, señaló Heyns al presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Existe una necesidad urgente de reducir el involucramiento de los militares en tareas de la policía, así como de asegurar que tribunales civiles juzguen a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos”, dijo el relator, según el resumen del encuentro que la ONU hizo público.
El despliegue del Ejército y la Marina en regiones de México afectadas por la actividad del crimen organizado comenzó en diciembre de 2006, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2012), inició una ofensiva frontal contra la delincuencia.
La administración actual, encabezada por Enrique Peña Nieto, ha mantenido esa estrategia, aunque afirma que está realizando cambios como aumentar las labores de inteligencia y reducir el uso de la fuerza.
Heyns, sin embargo, dijo este jueves en su informe que los abusos contra ciudadanos de parte de fuerzas de seguridad siguen ocurriendo “en un alto índice”.
Previamente, en el reporte que el relator había entregado al consejo a finales de abril, había señalado que esta situación es alentada porque las violaciones y otros crímenes que se cometen quedan impunes.
“La impunidad constituye el talón de Aquiles del actual sistema de justicia. Si es cierto -como las cifras sugieren- que sólo 1,000 o 2,000 de más de 100,000 asesinatos registrados durante la pasada administración federal terminaron en una sentencia, no es necesario buscar más explicaciones de las causas de la violencia rampante en algunas partes del país”, dice el documento.
“Establecer la rendición de cuentas a través de la ley es la clave para reducir el alarmante nivel de pérdida de vidas con el que se ha asociado a México”, agrega.
Además de llamar a que el gobierno federal retire paulatinamente a las Fuerzas Armadas de las calles, el relator da 30 recomendaciones divididas en tres rubros: generales, para la atención a grupos vulnerables y sobre reformas al marco jurídico nacional.
En el primer grupo, recomienda verificar que se aplique la Ley de Víctimas, una legislación que entró en vigor en 2013 para apoyar a personas afectadas por la violencia.
Como parte del segundo rubro, llama a que se investiguen con especial atención los asesinatos de ciudadanos pertenecientes a grupos vulnerables -mujeres, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, menores y miembros de la comunidad LGBT-, así como capacitar a policías y otros funcionarios en materia de respeto a la diversidad.
Las recomendaciones del tercer bloque incluyen consolidar el nuevo sistema de justicia penal, que contempla juicios orales y debe estar en vigor a más tardar en dos años, y fortalecer el sistema de defensoría pública.
El uso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos han sido aspectos constantemente criticados de la estrategia de seguridad federal, tanto por organizaciones civiles como por organismos internacionales.
Una de las medidas que las autoridades mexicanas han tomado para responder a esos señalamientos son las reformas en materia de fuero militar, aprobadas recientemente por las cámaras del Congreso para que los militares que cometan abusos contra ciudadanos sean juzgados por tribunales civiles.
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