El pasado mes de julio saltaron las alarmas. El 'New York Times' publicaba un artículo firmado por el periodista Nicholas Casey en el que se insinuaba cierto antisemitismo del Gobierno español por el aumento de las denegaciones de la nacionalidad española a los solicitantes de origen sefardí. Semanas más tarde fue el periódico israelí 'Haaretz' el que se hacía eco del tema y se preguntaba por el aumento de solicitudes rechazadas y si había detrás algún tipo de motivación antisemita.

Para entender lo que está pasando es necesario remontarse a 2015. Ese año el Congreso de los Diputados aprobó una ley, presentada por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la que se concedía de manera extraordinaria la posibilidad acceder a la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV, sin necesidad de residir en España ni renunciar a su nacionalidad de origen. Una especie de ley del retorno que pretendía compensar la barbaridad histórica cometida en 1492. "Esta ley dice mucho sobre dónde estábamos, dónde estamos hoy en día y hacia dónde queremos dirigirnos, una España abierta, diversa y tolerante", reconoció el ministro Catalá cuando se aprobó el texto.

En el articulado de la ley se establecía el procedimiento a seguir. En primer lugar, debía probarse el origen sefardí del interesado a través de un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España u otra asociación judía del lugar de nacimiento o residencia. Un complicado trabajo genealógico que uniese al solicitante con su ancestro sefardí. En segundo lugar, se requería superar un test de conocimientos de lengua y cultura española. Y, finalmente, era necesario establecer una vinculación suficiente con España. La documentación recopilada se enviaba a un notario, intermediario establecido por la propia ley, quien elevaba un dictamen al ministerio de Justicia, responsable último en la concesión de la nacionalidad.

Avalancha de solicitudes

El goteo de solicitudes no tardó en producirse y, a partir de 2017, se convirtió en una auténtica avalancha. Desde que se inició el proceso se han presentado un total de 150.000 solicitudes, con México y Venezuela como países más activos. De todas ellas, 33.500 han sido ya aprobadas. El resto sigue en trámite.

El pasado mes de octubre se produjo un punto de inflexión. La policía comenzó a investigar un posible fraude en las certificaciones de algunas asociaciones judías. Y la tendencia cambió. Si hasta el mes de octubre de 2020 solo se habían rechazado un puñado de solicitudes, de octubre a esta fecha se han rechazado más de 2.300. Los ojos se desviaron hacia la Federación Judía de Nuevo México, donde se emitieron unas 20.000 certificaciones sin comprobar debidamente el origen sefardí de los interesados, según fuentes policiales.

Sara Koplik, directora del programa de herencia sefardí de la federación de Nuevo México, niega la mayor y acusa al Gobierno de España de antisemitismo ante el elevado número de denegaciones. Respaldada por varios abogados, Koplik ha recibido el apoyo de la congresista demócrata Teresa Leger Fernández, quien ha elevado el asunto a la Casa Blanca y acusa a España de "minar la tolerancia religiosa'".

Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro Garza García, conoce bien el tema. Este municipio de la zona metropolitana de Monterrey, en el norte de México, es uno de los que más solicitudes ha enviado al Ministerio de Justicia. Fernández, coleccionista de arte y amante de la cultura española ha sido uno de los beneficiarios de la ley y es consciente de que se creó un negocio muy suculento con el tema sefardí. "Aparecieron demasiados intermediarios. La mayoría eran perfectamente legítimos pero otros eran dudosos. Se encargaban de conseguir el certificado y un notario que no hiciera demasiadas preguntas".

Falta de personal

Algunas fuentes reconocen que el sistema puesto en marcha fue un verdadero coladero y que durante demasiados meses el Ministerio de Justicia no llevó a cabo una comprobación fehaciente de la documentación. "El ministerio hace ahora lo que no hizo durante años por falta de personal. La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil sólo cuenta con cuatro funcionarios para analizar todas esas solicitudes", insisten. "Además la ley sigue teniendo puntos negros que acabarán saliendo a la luz, como la prueba de vinculación suficiente con España".

"Mientras algunos notarios sí exigen amplia documentación que pruebe el vínculo, como inversiones en nuestro país, interés especial por nuestra cultura o relación de parentesco con algún ciudadano español, otros consideran suficiente la suscripción a algún periódico español, una donación puntual a una asociación judía o las entradas a algún partido de la Liga española de fútbol", concluyen esas mismas fuentes.

Claudia Martínez también ha recuperado la nacionalidad de sus ancestros. "Mi abuelo era español pero no he conseguido la nacionalidad gracias a él, sino a un antepasado que ahora resulta que era judío", explica. "En Monterrey el tema sefardí fue una verdadera locura. Sobre todo en 2017 y 2018. Aquí todos somos católicos y, de repente, descubrimos que éramos judíos".

San Pedro, la zona rica de Monterrey, tiene una población de 120.000 personas y unas 17.000 solicitaron la nacionalidad. "Las familias pudientes tenían mucho miedo a la llegada de López Obrador y disponer del pasaporte español era un salvavidas en caso de que México se convirtiera en un nuevo Venezuela", explica la española naturalizada. "Muchos sí tenemos vínculos o interés genuino en España pero hay otros que no, simplemente lo sienten como un seguro de vida. Afortunadamente todavía no lo hemos necesitado, pero uno nunca sabe", concluye Martínez.

FuenteEl Periódico

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