El primer problema de Benjamin Ferencz al llegar a Núremberg, en el frío enero de 1945, fue que su mujer, Gertrud, se mareaba apenas salía a la calle. La ciudad apestaba. Bajo las ruinas y los escombros, que cubrían el centro medieval como un manto de desolación, se pudrían unos 30.000 cuerpos sepultados por los bombardeos, la mayor parte de los cuales nunca fueron recuperados. «Volé con un grupo de 50 investigadores recién reclutados. No me apetecía volver a Europa, pero era atractivo trabajar para el fiscal general Robert H. Jackson, creí que impulsaría mi carrera», recuerda por teléfono, desde su residencia en EE.UU.
El considerado como primer proceso del Derecho Penal Internacional influyó, efectivamente, en su carrera, pero no del modo esperado. Después dedicó buena parte de su vida a la creación de mecanismos de socorro e indemnización a las víctimas del nazismo, cuyos dramas conoció de primera mano, y a las que «las sentencias dignificaron, pero no rehicieron sus cuerpos, sus mentes, sus vidas…».
La familia de Benjamin Ferencz (Transilvania, 11 de marzo de 1920) había emigrado desde Hungría en los años veinte. En 1943 había obtenido una beca para Harvard y había colaborado con la investigación de Sheldon Glueck sobre un concepto del que pronto hablaría todo el mundo, los crímenes de guerra. Incluso había tenido tiempo de servir bajo las órdenes de Patton en el Tercer Ejército, donde su especialidad no pasó inadvertida. Allí fue asignado a un equipo encargado de recopilar pruebas en los campos de concentración que iban siendo liberados, de manera que, a su llegada a Núremberg, era uno de los pocos investigadores que ya sabía lo que estaban buscando. «Nos ordenaron conseguir pruebas que debíamos catalogar en tres categorías: agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad», silabea con lentitud, «y nos insistieron en que tenía que ser un juicio de verdad, no un espectáculo, que de nuestro trabajo dependía que los acusados fueran condenados o no».
Medio millar de acusados
Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, aquel tribunal internacional juzgó a los 22 principales dirigentes alemanes del Gobierno y el Ejército, además de a medio millar de profesionales y empresarios que contribuyeron a la comisión de todo tipo de crímenes inspirados o relacionados con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial en otros doce procesos diferentes. «Llamarlo tribunal internacional es mucho», corrige Ferencz, «no había tribunal, habilitaron el único edificio del centro que había quedado en pie, anexo a la prisión, el Palacio de Justicia, y no había leyes, ni jurisprudencia, ni jueces, ni delitos… todo hubo de ser acordado sobre la marcha, pero todo según los principios del derecho. Nos repetían una y otra vez que debía ser un juicio, no una venganza». La corte buscó legitimidad basando su trabajo en el Tratado de Versalles y en la Convención de Ginebra de 1907, en vigor en 63 Estados al inicio de la guerra, entre ellos en Alemania. Contó, además, con el aval por unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas. «Pero la legitimidad de lo que hacíamos siguió siendo cuestionada por los vencidos y por los propios acusados, al menos hasta que presentamos como prueba las películas rodadas en los campos de concentración», zanja Ferencz, «después de ver a aquellos seres desposeídos de su humanidad, nadie se atrevió a cuestionar si era legítimo juzgar a los responsables».
Por expreso deseo de los ocupantes británicos y estadounidenses, en su jurisdicción no se investigó ni encausó a los responsables políticos y militares internados en los campos de Dustbin y Ashcan, ni a ningún líder italiano, pese a que el tribunal se constituyó formalmente para juzgar a los criminales del Eje. No se presentó acusación alguna contra responsables aliados de los mismos delitos por los que se juzgó a los acusados. Ejemplar en este sentido fue la acusación a Keitel, Jodl y Ribbentrop por la conspiración que precedió a la invasión de Polonia, recogida en el Pacto Molótov-Ribentropp de 1939 firmado por el Gobierno soviético. «Nadie dice que fuera un juicio perfecto, pero aun así logró un hito, dejar constancia de que los crímenes los cometen personas, no estados que no pueden comparecer ante un tribunal», defiende Ferencz, que encuentra otra consecuencia positiva: «que las situaciones de excepción, como una guerra, no lo justifican todo».
El 1 de octubre de 1946, comenzó la lectura pública de las sentencias, que se prolongó durante dos sesiones. Declarados culpables de alguno o varios de los delitos imputados, se sentenció a pena capital a doce de los acusados (Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart y Bormann), tres a cadena perpetua (Hess, Funk y Räder) y cuatro a prisión de 10 a 20 años (Dönitz, Schirach, Speer y Neurath). Fueron absueltos Schacht, Von Papen y Fritzsche. Göring se suicidó con una píldora de cianuro que al parecer le facilitó un oficial estadounidense, creyendo que se trataba de un medicamento que le había dado para el mariscal una desconocida mujer, durante la última sesión del juicio.
«Como investigador de crímenes de guerra, participé en la liberación de varios campos de concentración, confiscando documentos, y yo solo tenía material para acusar a más de 3.000 criminales nazis», presume hoy Ferencz. «Lo que más me fastidió –añade– fue que los acusados alegasen no saber nada sobre el exterminio de los judíos, porque los nazis no ocultaron nunca que querían destruirlos. Cualquiera que quisiera saber podría saberlo. El “New York Times” incluso informó sobre ello».
La sala se constituyó con los magistrados titulares Geoffrey Lawrence, designado por el Reino Unido; Francis Biddle por Estados Unidos; Henri Donnedieu de Vabres por Francia; e Iona Nikítchenko por la Unión Soviética. Como fiscal jefe actuó el juez estadounidense Robert H. Jackson y cada acusado pudo elegir libremente su abogado, entre los que figuraron destacados juristas nazis que basaron su defensa en la retroactividad con que se estaban juzgando los hechos respecto a la creación de los delitos y, el argumento más sobado por los 22 principales procesados, que cumplían órdenes de superiores, muchas de ellas incluso en una situación de guerra, por lo que consideraban que no habían hecho más que cumplir como un buen soldado. «¿Acaso el primer asesinato juzgado en la historia no debería haber sido juzgado porque el delito de asesinato no existía todavía», contradice todavía indignado el último de aquel equipo de fiscales que sigue con vida, «y le aseguro que lo que vimos en los campos de concentración, la eliminación sistemática de seres humanos… le aseguro que aquello no lo hicieron buenos soldados».
Las defensas, encabezadas por Otto Stahmer, también pusieron en cuestión la legitimidad territorial del tribunal durante el proceso y su parcialidad, al estar plenamente compuesto por representantes de los países vencedores, pero la cantidad y el peso del material probatorio fue enterrando, sesión tras sesión, aquellas argumentaciones. En las 261 sesiones en las que intervinieron los fiscales de la acusación, fueron presentadas más de 300.000 declaraciones escritas y alrededor de 3.000 documentos. En conjunto, varias toneladas de papel. Los 27 abogados defensores convocaron por su parte a más de un centenar de testigos en descargo de sus defendidos. La Babel en que se había convertido aquella sala del Palacio de Justicia de Núremberg era practicable gracias a un sistema que IBM desarrolló para la ocasión, la traducción simultánea, que permitió además que 250 periodistas acreditados desde más de 15 países pudiesen seguir el juicio.
«Göring lideraba a los acusados, se reía de las acusaciones, intimidaba a los testigos con su sola presencia. Quería convertir el juicio en una exposición casi triunfal del Tercer Reich, decía que hablaba para el pueblo alemán y sin duda fue el más difícil de enfrentar, pero había pruebas, cartas de Hitler que demostraban que había estado al tanto de todo, y esas pruebas desinflaron finalmente su insolencia», anota el fiscal.
«Me dije que no era real»
«Hicimos lo posible por llevar ante el tribunal y ante el mundo lo que habíamos visto, que era inimaginable. Hasta el día de hoy es inimaginable para mí. El suelo estaba lleno de cadáveres. Entre ellos había algunos que aún estaban vivos, pero que igualmente eran cadáveres. Sus ojos nos suplicaban ayuda. El crematorio todavía estaba funcionando, había montañas de personas muriendo de hambre frente a él», se pierde en los recuerdos de los campos nazis, «tenía chocolate en el bolsillo y quería dar el chocolate a los supervivientes, pero los paramédicos nos advirtieron que si se comían el chocolate, morirían. Me dije a mí mismo que aquello no era real y me concentré en mi trabajo. Eso era real: los documentos, los archivos. Fue un escape psicológico, pero gracias a aquellas pruebas, la barbarie pudo presentarse como una realidad creíble al mundo. Y ese es seguramente el gran mérito de los procesos de Núremberg».
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