Estimados,
Poco antes de Año Nuevo, el embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer, envió a la Casa Blanca una caja de obsequios con un mensaje político directo. El regalo estaba compuesto por artículos producidos en asentamientos judíos en Cisjordania. O como lo expresó Dermer en una carta que acompañó el paquete: en Judea y Samaria.
Desde una perspectiva bíblica y mesiánica, esa visión podría ser sostenible. Desde un punto de vista jurídico y moral, no lo es. Como fue documentado en un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), mucho más allá de la «Tierra Prometida», la ocupación militar israelí de Cisjordania se convirtió en un negocio muy rentable, explotado por empresas como parte de un sistema ilegal y abusivo.
Igual que los colonos, estas compañías reciben beneficios del gobierno hebreo, acceso preferencial a tierras y agua, alquileres baratos, lo que hace de Cisjordania un destino atractivo muy cercano a centros urbanos como Tel Aviv y al Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Pero es otro cuento para los palestinos, a quienes la comandancia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la única soberana en el territorio, rutinariamente les niega permisos para abrir sus propios negocios, los aleja de sus tierras y los acorrala por restricciones que, según el Banco Mundial, le cuestan a la economía palestina 3,4 billones de dólares al año.
Todos estas firmas operan en tierras ocupadas ilegalmente en las que no rige el código civil israelí. Y resulta que se trata de una cantidad bien significativa de tierra. Hay aproximadamente unas 1.000 fábricas en la cadena de parques industriales en Cisjordania.
Muchos palestinos trabajan en los asentamientos sólo porque la presión israelí sobre la economía palestina les quita cualquier posibilidad de alternativa. El gobierno hebreo rara vez hace inspecciones laborales, o de hecho no las hace, y los trabajadores palestinos ganan menos que el salario mínimo israelí. Si los trabajadores se quejan, los colonos a veces inventan un «incidente de seguridad» como justificación que priva a los palestinos de sus permisos de trabajo, según el informe de HRW.
Considerar a productos manufacturados bajo estas condiciones como iguales a los hechos dentro de Israel requiere jugar al gallito ciego ante tales indignidades.
Como aclara el informe de HRW, estos pasos no van en línea con la ley internacional. Dado que todas las compañías que hacen negocios en o con asentamientos inevitablemente contribuyen a violaciones de derechos humanos, deben cesar. Y como ningún país reconoce la soberanía de Israel sobre territorios militarmete ocupados, todos los socios comerciales de los colonos derechos y humanos deberían insistir que la marca «Made in Israel» sea retirada de productos de los asentamientos.
La Autoridad Palestina (AP) describió las etiquetas independientes para bienes de las colonias judías como un paso útil. No es sorpresa que el gobierno de Bibi no está de acuerdo.
Obama dejó muy claro que no acepta la fusión entre los asentamientos e Israel. Pero eso a la derecha ultracionalista y mesiánica judía, con el apoyo de AIPAC, no le interesa demasiado.
Tierra casi regalada, mano de obra barata, un sistema jurídico regido por códigos militares que no otorga ningún derecho básico al trabajador palestino y un altísimo nivel de ganancias, son elementos mucho más convincentes y más «sagrados» que recuperar la bíblica tumba de la prostituta Rahav en Jericó o el lugar donde el patriarca Yaakov, también él derecho y humano, se aprovechó de la ceguera de su geriátrico padre (Itzjak), se hizo pasar por su hermano (Esav), le robó la bendición paterna y huyó despavorido sin pensar siquiera en reclamar si ese territorio le pertenecía o no.
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