En la última década del siglo pasado era todavía común en diversas zonas rurales de Etiopía que la justicia fuera impartida por los ancianos de la localidad de acuerdo a los usos y costumbres heredados de añejos valores y tradiciones. El choque entre éstos y los derechos humanos universales era cotidiano, sobre todo en asuntos relacionados con violencia familiar, en especial contra las mujeres.
El año pasado circuló en festivales cinematográficos una película etíope titulada Difret, realizada por varios de los protagonistas reales de una historia acaecida dos décadas atrás en la Etiopía rural: una niña de 12 años es raptada al salir de la escuela por una banda de hombres cuyo líder golpea y viola a la niña, no sin comunicarle de paso y con toda naturalidad que pronto se casará con ella tal como lo señalan las costumbres del lugar. La niña logra escapar, pero durante la persecución que sufre logra apoderarse de un arma de fuego y matar a su violador. De ahí en adelante la historia será la de un absurdo juicio celebrado por el Consejo de los Ancianos del pueblo a fin de castigar con pena de muerte a la niña por el homicidio, el cual a ojos de los jueces es especialmente reprobable, ya que el violador se iba a casar con ella de acuerdo a lo establecido por la tradición, para la cual rapto y violación no son delitos si el ejecutor toma luego a su víctima por esposa.
Pero los padres logran contactar a una de las pocas abogadas de la capital que trabaja en defensa de cientos de casos de mujeres maltratadas y asesinadas. El filme recrea las vicisitudes del enfrentamiento jurídico entre ambas posturas, el cual tiene como resultado, gracias a la habilidad y contactos de la abogada, salvar a la niña, pero a condición de que ella nunca regrese al pueblo en el cual su vida estará en peligro, ya que su estigma permanecerá por siempre. Un orfanatorio en la capital será de ahí en adelante y hasta su mayoría de edad, su hogar. La abogada, la niña y una organización de defensa de derechos humanos etíope fueron quienes 20 años después de los hechos, trasladaron la historia a la pantalla. El mensaje dado por ellos en una comparecencia pública fue que mucho se había avanzado en Etiopía al respecto legalmente, aunque quedaban aún resabios de esas aberrantes prácticas en localidades marginales. Sin embargo, hay países como Somalia, donde algo muy parecido a lo relatado sigue ocurriendo con frecuencia hoy.
En este fallido país africano funciona lo que se denomina “Resolución Alternativa de Disputas”, cuyo sistema de operación está a cargo del organismo de ancianos de la comunidad y es conocido como “Maslaha”. Sus intervenciones judiciales, presuntamente guiadas por el Corán, apuntan en el mismo sentido de lo mostrado en la película etíope comentada. Mujeres que son golpeadas, atacadas con arma blanca o quemadas por sus cónyuges deben obligadamente volver al hogar familiar tras alguna compensación económica. Y el resultado es que regresan al mismo círculo de violencia que termina a menudo con el asesinato de ellas. De igual forma, el rapto, violación y matrimonio posterior de niñas y adolescentes —como en el caso etíope— es considerado “normal y aceptable”. Recientemente se difundió en las redes sociales uno de esos aberrantes juicios por el que una mujer somalí llamada Fatuma Ibrahim, apuñalada siete veces por su esposo, logró hacer conocer su desesperada situación de la que sólo una masiva intervención de opinión pública movilizada e instancias internacionales de derechos humanos pueden salvarla. El reto es así de gigantesco, porque gigantesca es también la impunidad que le otorga a esos victimarios y jueces el peso de una antigua, salvaje y, por supuesto, misógina tradición.
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