¿Cuál reforma debería ir primero?

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En una democracia plural no puede existir una verdad válida para todos sin que esto implique una imposición en perjuicio de muchos. Por ello, los cambios son producto de la negociación entre intereses contrarios, donde no hay ganadores o perdedores permanentes. La regla es la gradualidad y la permanente continuidad de los cambios.

De esa forma se espera que los partidos políticos, lejos de representar a toda la población, planteen reformas cercanas a un ideario político determinado (aunque en la práctica cada vez más cercanos a lo que entienden por un votante “medio”), compitiendo por el Poder Ejecutivo y (en su escenario óptimo) una mayoría en el Congreso. Se busca combatir cualquier arbitrariedad a través del sistema de pesos y contrapesos que ambas instituciones tienen frente a la otra.


Por lo tanto todos los partidos representan, por antonomasia, intereses parciales aunque se espera que los presenten como de toda la nación como estrategia proselitista. Esto significa también que es muy poco probable que hablen claro de los problemas del país, en la medida que hacerlo podría perjudicarlos o a sus bases de apoyo. Incluso tejen sus propios mitos o narrativas sobre la situación actual de acuerdo a estos criterios.

Frente a este escenario es deber de un ciudadano discernir cuanto se encuentra detrás de los discursos. Esto se logra contrastando y discutiendo la información que recibe. No hacerlo le puede llevar a creer que existen soluciones fáciles o inmediatas, y eso es terreno del pensamiento mágico, no de la política. Para decirlo de otra forma, es necesario que piense tácticamente. ¿Qué implica esto al discutir sobre las grandes reformas que se necesitan?

México lleva más de de veinte años discutiendo la misma agenda de reformas con poco éxito en cuanto a lograr avances sustanciales: educativa, laboral, energética, fiscal y política. Cada grupo de académicos, políticos y opinólogos afirma que la suya es la más apremiante. Incluso hay quienes piensan que todas deben tratarse en un gran ejercicio de revisión integral donde los actores, en un acto mítico de abandono y desinterés llamado “voluntad política”, van a ser colectivamente iluminados para “hacer lo que corresponde al interés nacional”. Sin embargo, seguimos esperando a que llegue esa ráfaga de inspiración, y ciertamente tendremos que hacerlo sentados.

Podríamos tener una mejor idea de la magnitud de los retos si reconocemos los intereses que están detrás de quienes detienen las reformas y por qué están ahí.

Para empezar, México no puede aspirar a ser un país competitivo y que pueda generar tasas estables de crecimiento con el marco normativo vigente. A partir de finales de los ochenta el país se abrió a la competencia de bienes, pero no a servicios. Por ejemplo, hubo apertura a la industria manufacturera pero no a los proveedores de servicios básicos, como crédito, gasolinas y energéticos. Es decir, se obligó a las empresas mexicanas e competir en una situación de desventaja.

¿Qué significa esto? Que mientras en los países con quienes queremos competir el precio de los energéticos lo determina el mercado, aquí se fija de acuerdo al ingente déficit que arroja una administración paraestatal y subsidios que sólo benefician a las clases más privilegiadas. Mientras que un industrial de otros países no tiene que cargar con el peso de las pensiones, el mexicano soporta gran parte del peso. La creación de una empresa tarda meses, motivando el comercio informal. Los bancos ven con suspicacia a quien requiere crédito para hacer funcionar su negocio. Las telecomunicaciones tienen un costo mucho mayor que le de sus competidores en Asia o en Estados Unidos. La energía eléctrica es cara y se caracteriza por cambios en su voltaje. Las regulaciones en materia laboral y fiscal son complejas, contradictorias y difíciles de cumplir. Los trabajadores suelen estar muy bien dispuestos y son capaces de inventar y mejorar procesos de producción, pero sus fundamentos educativos son pobres y no les ayudan a agregar valor en el proceso de producción.

De hecho, gracias a estos problemas México ha bajado en los índices de competitividad. De acuerdo con el Global Competitiveness Report, hemos bajado del lugar 32 en 1996 al 47 en 2003 y de ahí al 58 en 2011. No estamos tan mal si se nos mide frente a los países de Iberoamérica, pero nos encontramos muy por debajo de aquellos con los que deseamos de verdad competir.[1]

Para hallar la explicación del problema convendría irnos a los años cuarenta del siglo pasado. El corporativismo mexicano se creó como instrumento de control político vertical. El Estado, por su parte, asumió la rectoría y el control de toda actividad económica.[2] Es decir, tenemos sindicatos fuertes porque son parte del sistema político a través de los sectores del PRI. Durante los años ochenta se inició un proceso parcial y selectivo de apertura, donde no somos totalmente liberales dado que arrastramos los intereses del viejo corporativismo.

Con esto podemos ver qué hay detrás de los buenos deseos de los partidos. Hemos visto cómo todos prometen bienestar, crecimiento y progreso, aunque casi ninguno habla claro de los “cómo”. Y esto, como se dijo al principio de esta editorial, podrían no hacerlo por omisión sino porque tendrían mucho que perder con un cambio hacia la liberalización.

Quien más tiene que perder es el PRI: una reforma laboral debilitaría el poder de los sindicatos como maquinarias para ganar votos. La reforma energética impacta directamente en el sindicato de Pemex y su poder de chantaje. Es difícil que hable en serio de reforma fiscal si sus gobernadores dependen fundamentalmente de fondos federales. [3] Aunque el PRD use como táctica de comunicación que el PRI y el PAN “son lo mismo”, en realidad es casi idéntico al PRI en cuanto a sus propuestas económicas, ideología (ambos hijos del nacionalismo revolucionario) e intereses que busca representar. Es decir, nadie se da un balazo en el pie de manera voluntaria.

Por otra parte, aunque el PAN es liberal en cuanto a sus postulados políticos y económicos, poco pudo hacer para resolver el problema de la competitividad en los últimos doce años. Y aunque Quadri es claramente un liberal al revisar sus antecedentes y trayectoria, su partido representa valores completamente opuestos.

Además de lo anterior tenemos un gran problema: los mecanismos de toma de decisiones del Estado son defectuosos, toda vez que fomentan el cortoplacismo y son indulgentes frente a la improvisación y la irresponsabilidad, sin que los ciudadanos podamos hacer algo al respecto. Es decir, los horizontes de negociación son a máximo tres años, donde nadie puede dar seguimiento a cuanto se pacta. Quienes ingresan en cada legislatura no tienen por qué respetar lo que acordaron sus antecesores. Y ningún político es responsable electoralmente sobre cuanto hizo u omitió.

De acuerdo con la teoría organizacional, más del 90% de los problemas en una organización se dan gracias a procesos fallidos que a errores personales. Y lamentablemente nuestros candidatos nos quieren hacer creer que ellos sí podrán hacer cambios en un sistema que está hecho explícitamente para arrojar los resultados que hemos visto en las últimas décadas.

Por lo tanto la reforma que necesita ir primero es la política, especialmente en cuanto a cambios que den continuidad a las negociaciones entre la clase política y los responsabilice ante los electores. [4] Sin embargo, eso implicaría que los dirigentes partidistas comiencen a perder el férreo control que hoy tienen sobre sus militantes, por lo que prefieren no hablar del tema.

Frente a este escenario sólo queda la responsabilidad del individuo como ciudadano: abrir el debate, discutir, contrastar ideas y organizarse para ejercer presión con una agenda clara y puntual de cambios.


[1] Se puede consultar el índice y su metodología en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.

[2] Se habló del tema en este espacio en:
http://www.sinembargo.mx/opinion/19-03-2012/5730.

[3] Sobre el problema de la reforma educativa:
http://www.sinembargo.mx/opinion/30-04-2012/6588.

[4] Se puede leer el siguiente texto orientado a divulgación sobre este tema:
http://www.la.fnst-freiheit.org/uploads/1198/Para_que
_se_queden_los_que_sirven_2da_edicion_version_Web.pdf

Acerca de Fernando Dworak

Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados (1994-1997). Durante los trabajos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue Secretario Técnico de la Mesa IV: “Régimen de gobierno y organización de los poderes públicos” (2000). En la administración pública federal, fue Director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación (2002-2005). Ha impartido cátedra, seminarios y módulos en diversas instituciones académicas nacionales. Es Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). En este momento, se encuentra realizando una investigación sobre las prerrogativas parlamentariasy e scribe artículos sobre política en diversos periódicos y revistas.

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