El cinismo invade todas las esferas de la vida pública. Con su exoneración discursiva y formal a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, Virgilio Andrade mantiene la puerta abierta para que el intercambio de favores entre funcionarios y contratistas siga siendo norma y punto cardinal. El Partido Verde alista estrategias para elecciones venideras, incluyendo la Madre de todas, en 2018. Historias como las anteriores se multiplican hasta el infinito. Cunde y se agudizan desigualdad, miseria, corrupción y desánimo. Para combatirlas -a fondo, de veras- se necesitarán adoptar en México fórmulas de justicia probadas en otros países.
En Guatemala, por ejemplo, la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, acusada de enriquecimiento inexplicable y ejercicio indebido de sus funciones, se encuentra ya detenida y enfrenta cargos judiciales diversos. El actual presidente Otto Pérez Molina, del Partido Patriótico, militar en retiro acusado de violar derechos humanos de grupos indígenas ixiles en el departamento del Quiché durante los años más sombríos de la Guerra en los ochenta y latortura y muerte del líder guerrillero Efraín Bámaca Velázquez cuando el hoy jefe del Ejecutivo fungía como director de inteligencia militar a principios de los noventa, podría perder su fuero y ser juzgado –como su compañera de fórmula y cofundadora del Partido que los postuló- por actos de corrupción. En contubernio con Baldetti, se le acusa de ser cabeza visible de una gavilla de servidores públicos que transfirió recursos en efectivo con métodos de operación no muy distintos a las de la delincuencia organizada, pero desde la cúspide del Estado. Son los dos líderes de La Línea, grupo dedicado al desvío de fondos desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La cúpula patronal acaba de exigir la renuncia inmediata de Otto Pérez. La exigencia ciudadana, incubada desde que estallaron estos y otros escándalos del mismo tenor, avanza en ese sentido. Sin el aporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala(CICIG), actuando coordinadamente desde hace ocho años con el Ministerio Público Federal y la Policía Nacional Civil, no hubiera llegado tan lejos la intención de limpiar la casa y sentar precedentes que harán muy difícil la reedición de los vicios del pasado.
Otto Pérez, kaibil. Imagen tomada por la gran fotógrafa Jean-Marie Simon en 1982, durante la ofensiva de tierra quemada donde murieron decenas de miles de campesinos indígenas. El presidente era el golpista genocida militar golpista José Efraín Ríos Montt, procesado recientemente y a punto e incompetente de ser juzgado por motivos de salud y edad.
La CICIG ha compartido con la opinión pública el resultado de sus investigaciones sobre desfalcos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –como en Honduras, donde se consolida un movimiento de indignados, en su mayoría jóvenes, que exigen cambios inmediatos y mayor participación democrática– que involucran a mandos en áreas estratégicas y de alta responsabilidad. Gracias a ella, se ventiló el caso de las gratificaciones enviada por el gobierno Taiwán, a cambio del reconocimiento oficial a ese país, a cuentas bancarias personales del entonces presidente Alfonso Portillo y colaboradores durante su mandato, algo que eventualmente lo condujo a una prisión de los Estados Unidos.
Surgió la Comisión entonces, un híbrido casi único en el mundo –a decir de especialistas- a petición del gobierno de Guatemala que enfrentaba graves problemas de inseguridad causados por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; tras ser aprobada en 2007 por los Poderes Legislativo y Judicial de ese país, se ampliaron sus alcances para que pudiese contribuir a frenar la ola imparable de corrupción en todos los órdenes de la vida nacional.
Su actual función consiste en fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, a fin de sentar las bases para que Guatemala se vaya acercando, así sea de manera tentativa, a la condición de Estado pleno de Derecho. CICIG cumple mandatos renovables cada dos años. Desde 2008, cuenta con una Fiscalía Especial Contra la Impunidad que trabaja de la mano de sus contrapartes en el MP. Funge como adherente en querellas estratégicas, y su vocación central es la investigación y la coadyuvancia. Mantiene una presencia continua en medios guatemaltecos, internacionales, y en redes. Su cuenta en Twitter es @CICIGgt.
Su permanencia y relativa efectividad no son temas que hayan sido planteados por comentócratas mexicanos, con contadas y muy recientes excepciones en medios nacionales,locales o blogs aislados.
Aquí, donde la barbarie adquiere varias caras, ropajes y estamentos públicos y privados, se requiere incorporar prácticas, usos y costumbres que resquebrajen las barreras existentes. No sería un atentado contra la soberanía, la presencia de una Comisión como la de Guatemala (aclamada por sectores sociales en Honduras y El Salvador, los cuales exigen versiones de CICIG en sus propios países).
Guatemalteco es el Informe ‘Nunca Más’ o REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) de 1990, que le costó la vida a uno de sus principales impulsores: el obispo Juan Gerardi, asesinado por órdenes de militares inconformes con las conclusiones del mismo y la participación de miembros de la Iglesia en la defensa activa de los Derechos Humanos de sectores vulnerables, tal y como lo cuenta Francisco Goldman en su libro El arte del asesinato político.
La ‘Memoria del Silencio’, emitida en 1994 por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico(CEH), es otro ejemplo digno de ser replicado en México, donde la amnesia es un fenómeno transversal.
Del largo e inacabable proceso de transición que puede rastrear sus inicios a la firma de los Convenios de Paz que clausuraron el periodo de guerra civil que comienza en los años sesenta del siglo pasado, surgen propuestas que impulsan cambios estructurales inimaginables en nuestro país.
En la actualidad, la CICIG (definido como ‘un ente internacional e independiente de investigación criminal, que opera bajo las leyes guatemaltecas y depende de su sistema de justicia’) como es encabezada por Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_ en Twitter): jurista y magistrado colombiano de gran renombre y probada trayectoria profesional.
Velásquez tuvo una distinguida carrera en su país natal, antes de llegar a la Comisión. Tomado del Informe de la Oficina en Washington de América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), de marzo 2015: ‘Sin la presencia y colaboración de CICIG, sentencias relacionadas con ejecuciones extrajudiciales cometidas por una red de altos oficiales de seguridad del gobierno de Óscar Berger, no habrían sido posibles. Habrían sido poco probables los golpes contra la red de corrupción dentro del sistema penitenciario y contra la supremacía ejercida por capos de la delincuencia organizada. Tampoco habrían sido posibles gestiones recientes contra el magistrado Erick Gustavo Santiago de León, sindicado de pertenecer a una red de corrupción en el Organismo Judicial, o la jueza Jisela Reinoso Trujillo por posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y el diputado oficialista Gudy Rivera por posible tráfico de influencias…’
Quizás haya llegado el momento para que en México -donde instituciones que son rehenes de intereses privados, y asumidos ‘atavismos culturales’ públicos, se han visto rebasadas por la corrupción sistemática y la impunidad- podamos debatir abiertamente las ventajas y desventajas de un recurso como el guatemalteco.
Podremos seguir esperando que, en ausencia de voluntad política real por parte de Peña Nieto, sus socios y compañeros de viaje, se agote el sexenio. Entonces vendrá otro príista (escenario más probable), a cubrir con demagogia las expectativas sociales, promoviendo leyes de utilería inservibles en la práctica.
Guatemala imparte valiosas lecciones: ignorarlas pone en riesgo nuestro futuro posible como una nación de leyes, sin caciques que las tergiversen. Navegamos a la deriva, sin contrapesos ciudadanos ni soluciones en la estructura que rompan ciclos interminable de corrupción, que prohíjan impunidad y viceversa. De atenernos al pasado reciente, las leyes secundarias de la Anticorrupción, como ha sucedido con otras reformas de Peña aprobadas por el núcleo oficialista y sus satélites del Pacto, no cumplirán con las expectativas originales: seguirán el cortoplacismo continuista.
Una Comisión Internacional parecida a la de Guatemala podría romper inercias que nos condenan a la minoría de edad civil y a la rapiña: dos de los principales sostenes del edificio sexenal que se resquebraja.
La discusión apenas comienza; es de esperarse que ésta no se circunscriba a los márgenes del debate razonado.
¿Cuándo va ser momento de que nuestros políticos-empresarios pongan sus barbas, o copetes, a remojar?
Tarde o temprano, sucederá.
Artículos Relacionados: