El pasado 28 de abril advertíamos sobre el riesgo de que la Cámara de Diputados aprobara reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprovechando uno de esos espacios de letargo del Congreso y que son utilizados por aquellos legisladores duchos en el funcionamiento de las cámaras, para pasar legislación que no quieren que sea discutida.
Afortunadamente, no fue así, la Comisión de Gobernación presidida por Javier Corral, logró con apoyo de legisladores de varios partidos, abrir un espacio de consulta pública, mismo que está teniendo lugar esta semana. Se prevé también un foro más amplio, para el 21 de junio próximos.
Coincidentemente, esta misma semana la UNAM convocó a una Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.
También cabe recordar que la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad está recorriendo varios Estados del país desde el pasado 4 de junio, para concluir con mesas de trabajo y un Pacto Ciudadano el viernes 10 en Ciudad Juárez. Los temas que están siendo trabajados por el movimiento social que acompaña a Javier Sicilia también tocan la seguridad y la justicia.
Estos son seis:
- Verdad y justicia
- Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana
- Combatir la corrupción y a la impunidad
- Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen
- Atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social
- Democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
Seguramente los trabajos de la Conferencia Internacional de la UNAM, así como los que deriven de la Caravana por la Paz, abonarán en la demanda generalizada al Presidente de la República por una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado que incluya varios de los puntos señalados, y que supere el enfoque represivo que adoptó el Gobierno para enfrentarla.
En el propósito de una estrategia integral, es necesario partir de un entendimiento más completo del origen del problema. Entender y aceptar que la violencia criminal tiene múltiples causas y que por lo tanto no puede enfrentarse sólo con patrullas, ejército, armas, cámaras, cárceles, desapariciones forzadas o víctimas inocentes tratadas como costos colaterales.
En ese sentido es importante por ejemplo, comprender el papel que juega Estados Unidos en la guerra que se está llevando a cabo en territorio mexicano y con víctimas mexicanas. El papel que juega ese país como principal consumidor de droga en el mundo, como principal proveedor de armas a México y en cuyos bancos ocurre parte del lavado de dinero de los cárteles de la droga. Es asimismo, el destino buscado por los miles de migrantes que están siendo agredidos y asesinados en México. Además, es el principal productor de material violento para los medios de comunicación y junto con el Japón, de juegos electrónicos de guerra que introducen a la infancia y a los jóvenes en una cultura que acepta la guerra como un hecho incontrovertible y natural en las relaciones de los seres humanos.
Otro elemento a incorporar en esta mejor comprensión de las violencias, se encuentran los diversos factores económicos, sociales, culturales y políticos que contribuyen a la construcción de territorios, personas y grupos violentos, con el fin de desatar una potente estrategia de prevención social. Esta permitiría rescatar oportunamente a los millones de niños y jóvenes que están viviendo en la violencia y normalizando en sus propias conductas los actos violentos. Es el único camino que nos permitiría en el mediano plazo, darle la vuelta a la caída en picada que vivimos.
Avanzar en el acceso a la justicia y a la verdad para las miles de víctimas, es otra asignatura pendiente que demanda de acciones de los Poderes Judiciales y de las Procuradurías. Algunas de estas víctimas están compartiendo en las reuniones que se organizan al paso de la Caravana del Consuelo, como la llama Sicilia, sus dolores y las vejaciones de que han sido objeto ellas o sus familiares.
Hay que entrarle de frente y sin miedo, pero con inteligencia, a desarmar las redes de complicidades en torno al lavado del dinero del crimen organizado donde participan políticos, empresarios, servidores públicos, policías, militares, etc. como una medida que reduzca sustantivamente la enorme capacidad económica que tienen las bandas. Esta les permite corromper, penetrar a las estructuras de gobierno y de las empresas, pagar ejércitos de sicarios y comprar las armas más modernas para la comisión de sus delitos. Incluso están contratando a jóvenes profesionistas para que les ayuden en sus negocios.
Si los diputados y diputadas en cuyas manos está la decisión para hacerle cambios a la Ley de Seguridad Nacional no colocan estos en el marco de una estrategia integral de combate a la delincuencia y al crimen organizado – y que bien podría derivar de los eventos que están ocurriendo esta semana-, caerán en una reforma pequeñita, que puede tener efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo, al otorgarle al Ejecutivo Federal atribuciones para utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública.
Las violaciones a derechos humanos y el agobio de las poblaciones civiles en las ciudades más afectadas, provienen no sólo del crimen organizado, sino también de la presencia de los soldados y los policías. Los cambios propuestos a la Ley de Seguridad Nacional sólo contribuirán a que esta situación se agrave pero ahora protegida por un marco legal que autorizará al Ejército a perseguir, detener, investigar, desparecer y abusar de la población civil.
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