El jueves pasado integrantes del Comité Conciudadano para la Observación y Reforma Electorales convocamos una mesa de prensa para protestar y señalar los riesgos en los próximos proceso electorales, por el retraso de la Cámara de Diputados en la designación de los tres nuevos consejeros del Consejo General del IFE.
Advertimos sobre la posibilidad que existe de que los acuerdos tomados por un consejo trunco, incompleto como el actual, sean recurribles o impugnables ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial por los partidos, los medios de comunicación u otros actores afectados por dichos acuerdos. Tal situación podría complicar grandemente las siete elecciones locales que tendrán lugar en los próximos meses, dos de las cuales ya están en curso, Guerrero y Baja California Sur, así como empañar el proceso federal electoral del 2011-2012, pues el Consejo tiene que empezar a tomar decisiones relacionadas con ese proceso.
El Comité Conciudadano formado por 65 personas y 25 organizaciones está integrado por expertos en materia electoral provenientes de la academia, los medios de comunicación y organizaciones civiles de todo el país, desde Baja California hasta Chiapas. Participan también personas que han ejercido alguna función electoral como consejeros distritales, locales o asesores en el IFE. Fue creado precisamente para advertir del riesgo que corrían las elecciones del 2006 a partir del la desafortunada decisión tomada en el 2003 en la que sólo dos partidos designaron al Consejo General que fue encabezado por Luis Carlos Ugalde.
Como personas que llevamos mucho años en la lucha por la democracia y la justicia social nos percatamos de que un Consejo integrado de esa forma -que además tenía algunas personas con poca o ninguna experiencia en materia electoral-, no constituía garantía de seguridad de la calidad, la legitimidad, la equidad y la certeza de un proceso electoral que ya se anunciaba como conflictivo por el enfrentamiento que se venía dando entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador.
Pensamos en ese momento integrar un Consejo Sombra pero decidimos mejor observar algunos de los procesos de preparación de las elecciones como es la selección de funcionarios de casilla, de capacitadores. el mismo proceso de capacitación, así como la intervención ilegal de diversos actores en la elección. Advertimos a los Consejeros designados que mostraron disposición para escucharnos, de los problemas que estábamos observando y que era indispensable corregir para no comprometer la elección.
Las previsiones del Comité se cumplieron ampliamente pues las elecciones del 2006 resultaron altamente conflictivas y controvertidas y el desempeño de los consejeros fue tan deficiente que el Congreso decidió relevarlos de sus funciones de manera anticipada, con lo cual además, se dañó la autonomía del IFE.
En esta ocasión el Comité a través de Eduardo Huchim, Alberto Aziz, John Ackerman, Rosa María Rubalcava, Eréndira Cruzvillegas y Nancy Pérez García de INCIDE Social, decidió nuevamente advertir a los diputados sobre las posibles consecuencias de su falta de acuerdo y retraso en la elección de los tres consejeros faltantes.
El boletín señala que “esta grave omisión en el cumplimiento de las responsabilidades de la Cámara de Diputados ha provocado que el Consejo General del IFE opere desde hace cerca de cuarenta días, con sólo seis miembros, situación no prevista en la Constitución y en las leyes y que pudiera llevar a impugnaciones de las decisiones que adopte bajo estas condiciones”.
Y concluye de manera categórica que el Consejo actual del IFE está integrado en forma inconstitucional y sus actos son inválidos.
El problema de fondo es que aún los seis consejeros actuales que fueron elegidos para sustituir a los que fueron retirados por su mal desempeño en el 2006, provienen de acuerdos y cuotas de partidos: dos del PAN, dos del PRD y dos por el PRI. Este último partido argumenta que por tener la primera mayoría en la Cámara de Diputados, le correspondería designar a dos de los tres consejeros que faltan.
El Comité Ciudadano propone que al menos estos tres consejeros no resulten de cuotas partidarias sino que los diputados traten de elegir a personas con trayectoria en materia electoral, capacidad, probidad, autonomía y legitimidad para garantizar que actuarán con independencia y apego a la Ley. De alguna forma, la propuesta del Comité es que también los ciudadanos que no militamos en partido alguno, podamos tener una representación en ese Consejo que nos den garantía de que nuestro voto se contará y se contará bien. Pedimos asimismo que su elección resulte de un consenso entre todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.
De todo este debate resulta claro que el modelo de autoridades electorales en el país derivado fundamentalmente de la reforma electoral de 1996, ya se agotó y nos resulta muy costoso; que deberíamos pasar a cosas tan drásticas como las que propone el propio Comité de establecer una sola autoridad electoral nacional que se encargue de organizar todas las elecciones en el país, tanto las federales como las estatales y municipales. Con ello se eliminaría todo el gasto en Institutos Electorales Estatales que son controlados por lo gobernadores en turno y operan al gusto de estos.
Se trataría de una especie de INEGI electoral cuya función central sea organizar elecciones como el INEGI organiza los censos y que las controversias y conflictos entre todos los involucrados en los procesos electorales sean dirimidos ante tribunales.
En Brasil así funciona y funciona bien, aún siendo un estado federado.
¿Será esto posible en un país donde tantos ganan con elecciones tan costosas?
Nos encontramos nuevamente en quince días.
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