Narra la Biblia, en el capítulo 16 del Levítico, que como parte las fiestas de expiación que realizaba anualmente el pueblo de Israel se debía tomar dos chivos. Mediante el azar se sacrificaba uno como ofrenda a Yahvéh. Al otro se le cargaban todas las culpas, siendo expulsado al desierto acompañado de insultos y pedradas y entregado así al demonio Azazel. Al sobreviviente se le llamó “chivo expiatorio”.
El paso de los siglos y el cambio de usos, costumbres y creencias ha permitido que el término sobreviva con otro significado: señalar a quien se le culpa de algo sin razón, o quien paga las culpas de otros liberándolos de responsabilidad sobre lo que hicieron. Incluso algunos políticos locales han aclimatado el vocablo a “chivo respiratorio”.
Lo anterior viene a cuenta porque en el actual proceso electoral, tanto tirios como troyanos han acusado a los consejeros del IFE de interpretar con extrema rigidez las leyes electorales. Tanto se ha dicho que se han vuelto más papistas que el Papa al respecto.
Sin embargo pocos toman en cuenta que los consejeros saben muy bien que si hay algún problema (justi ficado o no) el 2 de julio y alguno de los agraviados argumenta que fue por parcialidad (también real o supuesta) de los consejeros del IFE, alguno o todos ellos podrían convertirse en los chivos expiatorios perfectos, tal y como sucedió en 2006.
Los chivos expiatorios perfectos ¿Por qué? Quienes tuvieron la culpa del embrollo, los partidos que aprobaron la sobrerregulada reforma electoral de 2007, no tienen por qué asumir culpa alguna con las actuales reglas del juego. Vayamos por partes.
Mucho se habla sobre la necesidad de que los consejeros del IFE sean “ciu dadanos”, sea lo que esto signifique. La interpretación más en boga argumenta que deben ser personas totalmente apartidistas y de preferencia con un perfil académico o incluso pertenecientes a ese grupo vagamente identifi cado como los “intelectuales”. Algunos hasta imaginan que los ungidos por tan elevada responsabilidad deberían poseer cualidades como “amor por la patria”, “abnegación”, conocimiento de los “supremos intereses de la Nación” y otras divagaciones metafísicas que los harían una especie de médiums patrióticos.
Por desgracia ese supuesto no aplica en el mundo real. Es más, ningún partido del mundo dejaría la administración de sus intereses en personas en quienes confían. De hecho los órganos electorales en democracias estables están compuestos por representantes de los institutos políticos, o incluso funcionarios electorales que hicieron carrera a través de estructuras de servicio civil.
En México la situación no es diferente. Existen estudios donde, al sistematizar las votaciones de los consejeros electorales del IFE a partir de 1996, se observa que todos han seguido con mayor o menor fidelidad la línea parti dista de quienes los postularon. Lo que permite decisiones aceptables en este entorno es la pluralidad al interior del Consejo General, lo cual genera decisiones lo más imparciales posible.
Si es así, ¿cuál es el problema? Mientras en casi todas las democracias interactúan personas que se van a ver las caras por muchos años, dependiendo de su capacidad para permanecer en su puesto elección tras elección, quienes nombran a los consejeros del IFE se van cada tres años. Esto no es asunto menor, pues quienes pactan un acuerdo no tienen la capacidad para hacerlo valer más allá de su mandato, y quienes los suceden no tienen por qué respetar arreglos que ellos no pactaron y pueden no convenirles.
Desde esta óptica pensemos qué pasó en 2003 al renovarse el Consejo General del IFE. En primer lugar hubo un partido, el PRD, que reclamó la falta de legitimidad del órgano electoral porque no se le había integrado de manera plural; pues el coordinador de la bancada de ese partido, Pablo Gómez, se había retirado de la negociación. A partir de ahí el Consejo General del IFE sufrió un cuestionamiento que llegó hasta la elección federal de 2006 y sus polémicos resultados. ¿Quién pagó los platos? Pablo Gómez (que en cualquier otra democracia sus propios compañeros lo hubieran removido del liderazgo por ineptitud al negociar) es senador hasta agosto. Tampoco los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, aunque si sus carreras dependieran de permanecer en su sitio no hubieran marginado a Gómez de esa forma.
Claro: los chivos expiatorios fueron los primeros consejeros electorales a quienes se les separó de su encargo al pactarse la nueva reforma electoral de 2007 y, con ello, la renovación escalonada del Consejo General. A partir de ese punto hemos visto negociaciones más o menos difíciles para designar nuevos consejeros, acuerdos que no tienen por qué ser respetados por los diputados que entren el mes de septiembre; asumiendo que haya un nuevo conflicto postelectoral.
Y así, conscientes de que pueden ser sacrificados ante la opinión pública, los consejeros electorales se cuidan de que algún partido no los acuse de parcialidad al interpretar una norma que, por su complejidad, genera absurdos.
Al fin y al cabo un conflicto en julio traerá otra nueva generación de posibles chivos expiatorios – a menos que pensemos en la manera de asignarles la culpa a los verdaderos responsables.
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