Este año México alcanzará la cobertura universal en salud: toda su población tendrá acceso a servicios del sector. Mediante la afiliación, a fines del 2011, de 51 millones de personas, el Seguro Popular contribuirá a la protección en salud de aquellos ciudadanos que no son derechohabientes en ningún otro esquema de seguridad social; hoy cuentan con esto 48.5 millones de mexicanos, que hasta hace poco no tenían aseguramiento en salud. Lo medimos en cifras, pero lo sentimos en personas: detrás de cada número hay vidas para las que el goce de atención a la salud tiene un gran impacto en su cotidianidad.
Para entender un poco más quiénes son estos millones de ciudadanos, en diciembre de 2010 el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., (CIDE) levantó la Encuesta Nacional de Afiliados. Ya los conocemos mejor y tomamos decisiones con mayor certeza para perfeccionar este sistema de protección.
Los afiliados al Seguro Popular son, en su mayoría, gente joven con muchos años de productividad por delante: tienen, en promedio, 27 años de edad. El que estén sanos impulsará el desarrollo de sus familias, en las que un 11% tiene menos de cinco años y más de 42% son menores de edad. El 8% es mayor de 60 años.
Así, la prevención es una de las áreas en las que más debemos trabajar. Detectar con oportunidad enfermedades y riesgos evitará tanto las presiones excesivas en la demanda de servicios de alta especialidad, lo que significará menores costos de atención, como el desgaste de las personas al enfrentar padecimientos. No es nada más lo económico, el prevenir le permitirá a nuestra sociedad tener más años de vida, pero sobre todo, mejor vividos. Por caso, la obesidad: adquirida en etapas tempranas puede traer severos problemas a la persona adulta, como hipertensión arterial o diabetes melitus —la cual, además, puede ser heredada— y posteriormente fallas renales.
El nivel de estudios de esta población es también una variable relevante. Del total de los mayores de 15 años, 32% no tiene la primaria terminada; con respecto a los mayores de 18 años, 28% tiene estudios de secundaria y sólo 3% tiene de educación terciaria —licenciatura o equivalente—. De este mismo grupo de edad, 11.2% nunca asistió a la escuela.
Para más de la mitad de los afiliados, su principal actividad económica está en la agricultura o en los oficios y las artesanías —herrería, carpintería, albañilería, mecánica, plomería—. Sobra decir que la salud física de estas personas es un recurso indispensable para llevar a cabo sus labores de sustento.
Entre los encuestados de 14 años en adelante, 45% trabajó el mes inmediato anterior al del levantamiento de la encuesta. Con respecto a la condición de ingreso, el semanal promedio registrado para los hombres afiliados es de 784 pesos y para las mujeres de 549, por lo que los afiliados tienen un ingreso de alrededor de dos salarios mínimos al mes.
Sin embargo, por el tipo de viviendas que habitan, la población que se atiende refleja diversas condiciones: cerca de 90% tiene piso firme y techo adecuado, así como agua entubada dentro de su vivienda o en su terreno. Esto confirma que el Seguro Popular es un derecho para todos; no lo determinan condiciones económicas o de rezago social, sino un mandato constitucional. Cabe señalar que las cuotas de aportación van en incremento, y que el 40% más pobre de los mexicanos tiene el beneficio de forma gratuita.
Por otro lado, como el Seguro Popular es prácticamente el único mecanismo que a esta población le garantiza el acceso a los servicios del sector, el gasto en salud se ha reducido para más de 81% de los beneficiarios. Casi 90% ubica en lo económico los argumentos para reafiliarse a este sistema.
La Encuesta Nacional de Afiliados nos permite enfocar mejor las políticas públicas. Y el enfoque es a personas de carne y hueso, porque, como diría una canción de Joan Manuel Serrat: detrás de las cifras y las instituciones; detrás, detrás está la gente.
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