Fue una de esas noticias que se esparcen como pólvora por Twitter: el jueves pasado el diario inglés The Guardian publicó una nota donde habla sobre la contratación de cobertura mediática en Televisa por parte del gobierno del Estado de México, transacción presuntamente llevada a cabo durante 2005 y 2006. Poco menos de una hora después todos parecían comentarla.

Aunque buena parte de los documentos ya habían sido divulgados por el periodista Jenaro Villamil en 2005 a través del semanario Proceso (e incluso los usó Andrés Manuel López Obrador durante el primer debate presidencial hace unas semanas), muchos tuiteros proclamaban la caída de Peña Nieto y justificaban las teorías conspiratorias de López Obrador.

Otras voces más cautas llamaban a la prudencia. Aunque la información presentada pareciera ser coherente con los sucesos acontecidos entre 2005 y 2006, la información no había sido autentificada. Por otra parte no se había presentado material que en su mayor parte ya se había usado para el ataque político con poco efecto. Incluso parecía que la nota, en su afán de sonar contundente, vendía un detalle anecdótico como parte esencial de la trama: la presunta relación de la señorita Yéssica de Lamadrid con Peña Nieto.

Aunque todo asunto público puede (y debería) ser usado para el ataque político en tiempos de campaña, necesitamos mantener la cabeza fría si queremos realmente sacar una lección de esta nota informativa y sus secuelas – y tal vez el aprendizaje sea distinto a lo que se nos quiere hacer creer. Para tal efecto vamos a asumir (mas no afirmar) que es válido el material presentado por The Guardian.

En primer lugar debemos considerar el contexto, especialmente en cuanto a lo que se permitía o no hacer legalmente. No fue sino hasta 2007 cuando se prohibió a particulares e institutos políticos la contratación de espacios en medios; lo cual hace legal esta presunta transacción. ¿Moralmente cuestionable? Depende del lado de la cancha donde uno se encuentre. A final de cuentas una táctica se mide por sus efectos.

Esto nos lleva al segundo tema: todos tenemos intereses, los cuales son por antonomasia parciales. De esta forma se espera que una empresa de comunicación tenga sus causas y líneas editoriales. Así funciona una democracia. Pretender que sólo puede existir una "verdad" merecedora de ser difundida es algo propio del autoritarismo e incluso del totalitarismo. Se espera, en cambio, que un ciudadano forme su criterio a través del contraste y la discusión.

¿Que esto lo está haciendo una parte del oligopolio mediático como parte de una conspiración contra López Obrador? No me gusta creer en conspiraciones, víctimas o victimarios. Y en todo caso creer en ese discurso implica que el tabasqueño es ingenuo, indefenso y no es capaz de prever ese tipo de escenarios o tejer sus redes de alianzas. El problema, en todo caso, es que con casi total certeza son tan opacas como las del mexiquense. Y a propósito, el ex jefe de gobierno llegó a contratar durante un tiempo su propio espacio con la televisora del Ajusco.

¿Esta maniobra es una de tantas estrategias de manipulación para que la gente vote por un candidato impuesto? Si queremos considerarnos como una democracia moderna, debemos comenzar a tratar a la población como mayores de edad. ¿Se van a equivocar con sus elecciones? Definitivamente, tal y como le ha sucedido a todos los pueblos a lo largo de la historia. Sin embargo, también aprenden de sus errores. Creer que se debe restringir la información para "protegerlos" forma parte, una vez más, del discurso del autoritarismo.

Ahora bien, admitido que todos tenemos intereses, ¿cuál es el problema? Desde mi punto de vista hay dos puntos a considerar. El primero que no hay mucha competencia en los medios masivos, de tal forma que se obligue a transparentar estas relaciones o a generar contenidos de mayor calidad. ¿Quién se beneficia? Las personas que han hecho un modo de vida de tejer conspiraciones.

En segundo lugar los partidos tampoco son responsables. Un escándalo, cuando no hay herramientas efectivas de rendición de cuentas, se transforma en anécdota al tercer día o cuando surge el siguiente. Mientras algunos apuestan a que la nota de The Guardian confirme el declive de Peña Nieto en las encuestas, mientras no haya costos o beneficios reales las tácticas de contrainformación serán doblemente eficaces.

Y a esto, ¿qué pasó con la ley electoral de 2007? Lo que sucede cuando se sobrerregula una actividad: se generan incentivos para darle la vuelta a la ley a través de la simulación. Hablamos aquí de actos como la contratación de programas o apariciones en noticieros hasta lo que se conoce como product placement: en este contexto, la aparición "espontánea" de políticos en programas de televisión que no se especializan en ese tema, como telenovelas. Naturalmente la transacción económica es mucho más difícil de identificar (si acaso) que en un entorno menos regulado.

Luego entonces, la normatividad electoral que pactaron los partidos en 2007 fomenta, irónicamente, las conductas que presuntamente pretendían combatir. Por desgracia, y como ya se ha dicho en este espacio, estas normas definen las mejores reglas de competencia para partidos escasamente competitivos. Sólo nos queda por el momento pensar lo más fríamente posible al definir diagnósticos y posibles vías de salida.

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Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados (1994-1997). Durante los trabajos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue Secretario Técnico de la Mesa IV: “Régimen de gobierno y organización de los poderes públicos” (2000). En la administración pública federal, fue Director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación (2002-2005). Ha impartido cátedra, seminarios y módulos en diversas instituciones académicas nacionales. Es Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). En este momento, se encuentra realizando una investigación sobre las prerrogativas parlamentariasy e scribe artículos sobre política en diversos periódicos y revistas.