La canciller alemana Angela Merkel hizo al presidente turco una oferta que no podía rechazar. Si Turquía se hacía cargo de más refugiados sirios (ha recibido 2 de los 4 millones que han salido de Siria) y ayuda a la UE a evitar que se trasladen a Alemania, Merkel le ofrecía un trato inmejorable. Habría más recursos de Alemania y la UE para ayudar a Turquía, y se levantaría el virtual veto alemán a su ingreso a la UE, haciéndose de la vista gorda ante el asunto no dicho —el Islam— y las dos objeciones formales: derechos humanos y Chipre.
Parecería que Erdogan aceptará este quid pro quo. De cualquier manera se vería obligado a recibir a más sirios y a evitar su traslado a Grecia al llegar el invierno mediterráneo. En Guatemala nadie piensa que México haya obtenido un ofrecimiento semejante de EU por cerrar la frontera sur hace casi año y medio y deportar a más centroamericanos que Washington, y que en el fondo la única razón por la que el gobierno de EPN aceptó fue por su propia debilidad.
Extraña decisión mexicana, ya que la oportunidad de obtener un quid pro quo a la turca no era nula, y que el gobierno de Obama ha adoptado posturas inéditas frente a lo que sucede en el Triángulo del Norte. Las elecciones guatemaltecas de ayer no reflejan el verdadero estado de ánimo del país. Después de los acontecimientos de abril y septiembre, donde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) coadyuvó a la destitución constitucional de una vicepresidenta y del presidente Pérez Molina, gracias a las manifestaciones hasta de 150 mil personas en el Parque Central de la capital, son lo que pone el sello distintivo de Guatemala hoy.
Las elecciones funcionaron normalmente, ganó un cómico por ser el outsider disponible, aunque sus vínculos con ex militares no lo colocan legítimamente en esa posición. Sacó más de 70% del voto, pero votó menos de 50%: mayor rechazo a la clase política, imposible. Hay más gente que apuesta a la duración de su mandato que a su éxito o fracaso.
El enigma que enfrenta es si la Cicig podrá extender su influencia, gracias en buena medida a EU y, ojalá, a México al ámbito social, económico y fiscal. Para muchos equivaldría a una especie de protectorado; para otros la solución para un Estado que tiene presencia del Ministerio Público en solo 10% de sus municipios, y la tasa de ISR es de 7%.
P.D. En una entrega anterior escribí que la Cicig contaba con 400 integrantes en Guatemala; el comisionado Iván Velázquez me corrigió: son 150 en cada momento, aunque a lo largo de los años han sido más de 400 los que han participado.
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