El mes pasado, un juez argentino ordenó la acusación formal de la ex presidente Cristina Kirchner, su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timmerman y otros por“traición a la patria”
Estos líderes son acusados de haber llegado a un acuerdo con Irán donde la República Islámica sería finalmente exonerada de la responsabilidad por el crimen de bombardear la sede de la comunidad judía argentina (AMIA) en julio de 1994. Este ataque cobró la vida de 85 personas. A raíz de esto y luego de una investigación, Argentina requirió a Interpol la captura de varias figuras iraníes consideradas responsables por dicho ataque. Una de las pautas del acuerdo argentino-iraní establecía que el gobierno argentino removiera a estos individuos de la lista de Interpol. El difunto fiscal argentino Alberto Nisman acuso públicamente al gobierno argentino de firmar este acuerdo considerado inconstitucional e ilegal. Nisman murió en circunstancias muy sospechosas horas antes de presentar los detalles de su acusación ante el Congreso argentino.
Mientras Argentina profundiza en este problema, la publicación norteamericana Politico descubrió otra historia, esta vez, involucrando no a un país extranjero, sino a la propia Administración del ex presidente Barack Obama.
Según Politico, la Administración Obama, en su afán de asegurar un acuerdo nuclear con Irán y temerosa de las actividades desestabilizadoras de Hezbolá en Medio Oriente, socavó y bloqueó una operación entera de la Agencia Antidrogas (DEA) destinada a desbaratar una operación criminal de este grupo. Hezbolá, un grupo terrorista patrocinado por Irán, llevaba a cabo una actividad de tráfico de cocaína, tráfico de armas y lavado de dinero por un monto de mil millones de dólares anuales. Según el informe, el tráfico de cocaína se genera desde América Latina a través de Venezuela y México, y la ganancia mega millonaria es producto de la venta masiva de la droga en los Estados Unidos. El dinero se blanqueó mediante la compra de autos usados estadounidenses facilitados por individuos residentes en los EE UU. Según testimonios de agentes estadounidenses involucrados en la investigación, la operación criminal fue dirigida y planificada por el círculo más interno de Hezbolá y “sus patrocinadores estatales en Irán”.
La investigación de la DEA, apodada “Proyecto Cassandra”, buscó aprobación para profundizar las investigaciones, ordenar arrestos, solicitar extradiciones y enjuiciamientos de sospechosos e imponer sanciones financieras. Sin embargo, los Departamentos de Justicia y el Tesoro rechazaron, retrasaron o bloquearon estas solicitudes. Del mismo modo, el Departamento de Estado rechazó pedidos para buscar la cooperación con países que podrían haber servido de ayuda para identificar sospechosos involucrados en esas actividades delictivas.
El dinero recaudado por Hezbolá, según Politico, fue enviado directamente a financiar las actividades militares del grupo en el Medio Oriente, particularmente en Siria, donde continúa asistiendo a la supervivencia del régimen asesino de Bashar Al Assad. Solamente en Siria, más de medio millón de personas han sido asesinadas y millones más han sido desplazadas. Además, este dinero ilícito fue amasado a costa de la misma población norteamericana ya que se vendieron toneladas de cocaína en el mercado estadounidense. La adicción a las drogas constituye uno de los principales problemas nacionales en la sociedad estadounidense. Este problema cobra cerca de 50,000 vidas estadounidenses cada año.
¿Por qué la Administración Obama haría un sacrificio tan costoso para evitar socavar su acuerdo con Irán?
Para algunos puede no tener sentido. Sin embargo, basado en mis propias observaciones a través de los años, si lo tiene. La Administración Obama ha tratado de evitar enfrentamientos con cualquier estado o entidad con quien haya buscado llegar a un “acuerdo histórico”. La mayoría de estos “acuerdos históricos” estaban destinados a ser firmados con enemigos. Obama no solo buscaba desesperadamente un acuerdo con Irán, sino también con la dictadura cubana además de una reconciliación con Venezuela, que es un reconocido narco-estado. Cuba y Venezuela son aliados incondicionales de Irán también.
Tal es así que Obama no insistió en la extradición del narcotraficante y militar venezolano Hugo Carvajal desde Aruba o el narcotraficante sirio-venezolano nacido Walid Makled desde Colombia. Carvajal era el jefe de la inteligencia militar venezolana y Makled uno de los narcotraficantes más notorios del hemisferio occidental. El propio Makled reveló su propia cooperación con decenas de los más altos funcionarios dentro del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, incluido el propio Carvajal, además de los jefes del ejército y la armada venezolana, así como con docenas de generales venezolanos.
Peor aún, Makled también proporcionó información sobre las actividades delictivas de Hezbolá y sus relaciones con la élite política y militar venezolana. Ya en 2011, afirmó que Hezbolá estaba obteniendo considerables ganancias en el hemisferio occidental que se canalizaban a Oriente Medio. Makled también dijo que estaba dispuesto a contar esto con detalle a los fiscales estadounidenses y el mismo pidió ser extraditado a los Estados Unidos. Aún así, Obama no presionó ni hizo una solicitud efectiva. Tanto Carvajal como Makled fueron devueltos a Venezuela por las autoridades holandesas y colombianas, respectivamente.
Es más, a fines de 2012, el Congreso aprobó la “Ley contra el Irán en el hemisferio occidental” que preveía “una estrategia integral para contrarrestar la creciente presencia y actividad hostil de Irán en el hemisferio occidental”.
El proyecto de ley fue firmado por el presidente Obama. Sin embargo, unos meses más tarde, el Departamento de Estado informó que luego de investigar el asunto, concluyó que no existen actividades iraníes amenazantes en el hemisferio occidental. Tal informe despertó sospechas de que la Administración no estaba interesada en explorar el caso. Según el congresista Jeff Duncan, en aquel entonces presidente del Sub-Comité para el hemisferio occidental del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el informe no consideró las pruebas presentadas en otros países, particularmente el informe emitido por el fiscal Alberto Nisman. Nisman concluyó, luego de un detallado informe producido por su oficina, que Irán y Hezbolá mantenían una fuerte presencia en 12 países de América Latina.
Nisman murió en misteriosas circunstancias en enero del 2015. La causa fue probablemente asesinato. Sin embargo, la administración de Obama no presionó al gobierno de Argentina ni hizo ninguna declaración de preocupación sobre la muerte de Nisman o sus hallazgos. Considerando el contexto provisto por Politico, ahora tiene más sentido: Nisman podría haber abierto el debate sobre Irán en el hemisferio occidental una vez más y tal vez socavar el acuerdo conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA según sus siglas en ingles).
Resulta que el JCPOA de hecho ha permitido y alentado las actividades delictivas de Hezbolá en el hemisferio occidental, que a la vez están conectadas con las crecientes actividades subversivas y militares de Irán en el Medio Oriente.
Por todas las razones citadas anteriormente, creo que el informe de Politico merece una investigación en el Congreso norteamericano. Pero más importante aún es que se deben investigar y desmantelar por completo las actividades de Irán y Hezbolá en el hemisferio occidental. El “Proyecto Cassandra” debe ser restaurado y llevado a cabo hasta el final.
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