Si algo simboliza la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es, precisamente, el “Nunca más” que se escuchó en todo el mundo después del Holocausto judío. Este tratado se aprobó en 1948 con el objetivo de que un mundo civilizado y humanizado viviera comprometido con el sistema universal de derechos humanos. Nunca más un genocidio, nunca más un intento de limpieza étnica como la que la Alemania de Adolf Hitler llevó a cabo con los judíos por el simple hecho de ser judíos. Es paradójico que hoy sea Israel, el Estado hebreo por excelencia, quien tenga que enfrentarse a acusaciones por violar esa Convención con sus ataques “con intención genocida” contra la población palestina de la Franja de Gaza. Serán los jueces del tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quienes decidan, dentro de unos años, si la ofensiva teóricamente en defensa propia en Gaza tiene, en realidad, intenciones genocidas.

Esta semana la CIJ solo escuchará la petición de Sudáfrica de medidas cautelares urgentes contra Israel. Primero hablo Sudáfrica, mañana lo hará Israel y, más tarde, los jueces se retiran a deliberar sobre la necesidad y urgencia de estas medidas. En aproximadamente dos semanas, convocarán una nueva sesión para anunciar su decisión.

Pero, a corto plazo, la CIJ no entrará a deliberar si Israel ha cometido un genocidio o no. Ese veredicto tardará años en llegar. Primero, la CIJ tendrá que confirmar si cree que tiene jurisdicción sobre el caso y si decide seguir adelante con ello. Después, los dos países tendrán que preparar el caso propiamente dicho. Otros Estados firmantes de la Convención también tendrán derecho a intervenir como partes del caso, si lo consideran necesario. Tienen el derecho, pero no la obligación de hacerlo. Todo eso llevará tiempo y empezará después de que se cierre esta etapa de medidas cautelares.

El genocidio se considera el crimen de los crímenes, por su altísima gravedad. Pero también es uno de los crímenes más difíciles de demostrar a nivel legal, puesto que requiere pruebas concisas de la intención de altos cargos de llevar a cabo “la destrucción total o parcial” de un grupo “nacional, étnico, racial o religioso”. Es decir, no solamente se debe demostrar con pruebas irrefutables la matanza de miembros de ese grupo o su “sometimiento intencional a condiciones de existencia” que lleven a su genocidio, entre otros delitos que constituyen este crimen, sino que hay que probar la intención genocida de quien da las órdenes. Y aquí el lenguaje juega un papel clave: las palabras de los líderes israelíes son aún más importantes que las acciones para demostrar este crimen. El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, declaró sin rodeos al comienzo de la ofensiva: “El énfasis está en el daño, no en la precisión”. El castigo colectivo lo confirmó el presidente israelí: “No hay inocentes en Gaza”, proclamó Isaac Herzog.

Estas afirmaciones alarmaron incluso a Estados Unidos, leal amigo de Israel. El Departamento de Estado estadounidense denunció que “esta retórica es inflamatoria e irresponsable” y agregó: “Hemos sido claros, consistentes e inequívocos, que Gaza es tierra palestina y seguirá siendo una tierra palestina, con Hamás sin control de su futuro y sin grupos terroristas capaces de amenazar a Israel”, aseguró en un intento de calmar las aguas y con el caso iniciado por Sudáfrica ya en manos de los jueces de la CIJ. “Realmente admiro a Estados Unidos, pero, con el debido respeto, no somos otra estrella en la bandera estadounidense”, tuiteó Ben Gvir, en respuesta. “Estados Unidos es nuestro mejor aliado, pero, antes que nada, haremos lo que es bueno para el Estado de Israel: la emigración de cientos de miles de Gaza permitirá a los residentes (en la frontera) volver a casa y vivir en seguridad”, reiteró el ministro israelí.

Las palabras del ministro de Seguridad Nacional y de Finanzas han sido interpretadas como llamamiento al genocidio, incluso por los propios círculos judíos. El rabino Rick Jacobs, que dirige la mayor denominación judía estadounidense, advirtió: “Condenamos el llamamiento del ministro israelí Smotrich a la limpieza étnica”, escribió en X (antes Twitter). La “destrucción” de Gaza ha sido una terminología mencionada en numerosas ocasiones en los programas israelíes de noticias. La deshumanización quedó reflejada en la retórica usada al comienzo de la guerra, cuando el ministro de Defensa israelí habló de “animales humanos” de la Franja. Desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó a Israel, mató a 1.200 personas y secuestró a más de 200, la reacción armada de Tel Aviv ha matado hasta ahora a más de 23.000 palestinos. Además, 1,9 millones, de los 2,3 millones de personas que viven en la Franja, se encuentran desplazados de sus casas. Y sin poder abandonar el territorio, dado el cierre fronterizo.

Israel desestimó la denuncia sudafricana —un total de 84 páginas de escrito a la CIJ— como pura calumnia. El ministro Exteriores israelí, Lior Haiat, consideró que el caso carece de “base fáctica y jurídica y (las acusaciones) constituyen una explotación despreciable y barata del tribunal”. Además, Israel acusa a Pretoria de “colaborar con un grupo terrorista que pide la destrucción de Israel”. Sudáfrica tiene derecho a llevar este caso ante la CIJ, como todos los 152 Estados parte de la Convención sobre el Genocidio, puesto que, según el derecho internacional, tiene obligación de tratar de impedir que se produzca un genocidio y castigarlo en caso de que ocurra. Un mandato que también se aplica a Israel.

El caso que llevó Ucrania contra Rusia ante la CIJ crea un precedente para el caso sudafricano contra Israel. Ambos tratan de la convención contra el Genocidio. En febrero de 2022, Ucrania presentó un caso contra Moscú en la CIJ, acusando al gobierno ruso de abusar de este tratado para justificar su invasión a Ucrania (Rusia había dicho que se ve obligada a atacar Ucrania para proteger a la población ruso parlante de un genocidio a manos de los ucranianos). Después de una audiencia acelerada, la CIJ dictaminó que Rusia “debe suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania”. Una medida cautelar mientras trabaja en el caso. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, pero Rusia optó por ignorarlo. Un posible fallo contra Israel probablemente provocaría la misma reacción, pero podría influir fuertemente en la opinión pública internacional, lo que a su vez podría aumentar la presión desde las calles. Por lo tanto, una condena es altamente simbólica en este caso.

Si finalmente el tribunal decide exigir a Israel que, por ejemplo, ponga fin a los bombardeos, evite aplicar cualquier práctica que pueda conducir al genocidio del pueblo palestino de Gaza, y salvaguarde cualquier evidencia de crímenes que los suyos hayan podido cometer en la Franja, entonces Tel Aviv está jurídicamente obligada a cumplir con esas órdenes de la Corte. Como este tribunal no tiene vías prácticas para hacer cumplir sus fallos, la puesta en marcha de esas medidas provisionales dependerá de Israel y de la presión internacional que pongan sobre su gobierno otros países. Por ahora, Israel, que siempre acusa a los tribunales internacionales de ser injustos e imparciales, ha decidido enviar un equipo legal para su representación y defensa. Los expertos creen que esa decisión se debe a sus esperanzas de resistir y ganar el caso. Desde principios de mes, Tel Aviv también ha asegurado que sus acciones militares solo se dirigen contra Hamás, que los palestinos no son “un enemigo” y que está tomando medidas para minimizar el daño a los civiles en su ofensiva contra Gaza.