“Te vamos a matar y a toda tu familia”, le sentenció Andy Barraza a Juan Fraire, el hijo de Marisela Escobedo en la puerta de la tienda Wal-Mart en El Paso, Texas. Juan ha logrado protección del gobierno de Estados Unidos y Andy que goza de doble nacionalidad, se esconde en Estados Unidos de sus crímenes en México aunque entra y sale de la cárcel por otros motivos, ahora está encarcelado por robo. Juan se fue de El Paso para protegerse.
La familia Fraire Escobedo ha declarado que el detenido y posteriormente asesinado supuesto culpable del asesinato de Marisela no lo era, Ricardo el hermano de Marisela, es testigo presencial del crimen y le declaró la identidad del asesino a los funcionarios de la fiscalía del Estado de Chihuahua, sin embargo, la Fiscalía se niega a continuar con la investigación.
El caso de Marisela Escobedo es icónico aunque no único a nivel nacional por varias razones: Es uno más de los casos de mujeres forzadas a convertirse en activistas para lograr justicia por el asesinato o desaparición de sus hijas. Es un caso flagrante de violencia en contra de las mujeres, uno más de los feminicidios que asolan México. Es un caso claro de crimen autorizado, dónde el gobierno cae en negligencia intencional e inclusive voltea la mirada ante los crímenes tratando de evadir su responsabilidad.
México es un país organizado para no funcionar. Marisela Escobedo, ante la negligencia de las autoridades, tuvo que investigar la desaparición de su hija hasta encontrar en dos ocasiones al que resultó ser el asesino quien aceptó su responsabilidad ante tres jueces que lo declararon inocente, una corte de circuito anuló la sentencia ordenando su encarcelamiento pero ya había huido.
Marisela pasó de ser una empresaria a convertirse en una investigadora forense más efectiva que las policías de Chihuahua, pero se topó con la asociación del criminal con un cartel, y la aquiescencia del gobierno con los criminales absteniéndose de actuar.
Los 3 jueces que declararon inocente a Sergio Barraza basados en que aceptar la culpabilidad era inadmisible porque en el pasado esas declaraciones se arrancaban con tortura, no averiguaron si había sido torturado e ignoraron su aceptación del caso frente a ellos, ellos fueron despedidos e indemnizados y la juez recontratada en el gobierno.
El gobierno fue incapaz o decidió no proteger a Marisela Escobedo que fue asesinada en la misma puerta del Palacio de Gobierno en Chihuahua. Y no obstante existir un acta proliciáca denunciando la amenaza de muerte contra Marisela, el gobierno no la protegió. De aquí se derivan varias preguntas: ¿Por qué no hubo protocolo de protección a una víctima?, ¿por qué la fiscalía no ha investigado y actuado frente a las denuncias de Juan Fraire y de Ricardo Escobedo?
Cuándo el personaje acusado amenazó al hijo de Marisela en El Paso fue encarcelado con seis meses de cárcel bajo el cargo de amenaza terrorista, cargo por cierto muy ligero para la preocupación estadounidense ante las acusaciones de terrorismo.
El gobierno detuvo a José Enríquez Jiménez Zavala, supuestamente un sicario de los Aztecas y lo acusó de asesinar a Marisela, el se desdijo en la cárcel, tras lo cual unos días después fue asesinado, esto lo anunció el gobernador César Duarte quién dijo que ante la muerte de Jiménez el caso estaba cerrado (https://www.radiotimes.com/news/tv/documentaries/true-crime/2020-10-14/three-deaths-of-marisela-escobedo-true-story-netflix/).
Es crimen autorizado cuando un gobierno simula la justicia, asesina inocentes para cancelar casos “problemáticos” que le causan molestias políticas y permite con sus actos que se reproduzca la impunidad. El hecho de que los hermanos Barraza estén asociados con un cartel refuerza la noción de que los gobiernos criminalizan la justicia y posiblemente por eso se niegan a continuar las investigaciones.
En este terreno es problemático que el gobierno actual de Chihuahua, se niegue a que entre en vigor la ley que declara imprescriptible el feminicidio y que debe aplicarse antes que nada en el caso del asesinato de Marisela Escobedo. Pero antes que nada, aunque sea para honrar el décimo aniversario del asesinato de Marisela, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, debe dejar su abulia y realizar las investigaciones pertinentes para producir aunque sea un poco de justicia.
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