El pasado 11 de octubre se celebró el vigésimo aniversario de la creación del IFE a pocos días de haberse conmemorado el centenario de la UNAM y los setenta años de El Colegio de México. Se trata de tres entidades que representan el esfuerzo realizado por personajes lúcidos e inteligentes de nuestra historia, que comprendían que el desarrollo de instituciones es fundamental para la construcción y consolidación de un Estado Nacional.
Las tres han tenido épocas de luz y de sombra y coinciden en el hecho de ser instituciones autónomas de Estado. Lamentablemente, muchas instituciones del Estado Mexicano como son las relacionadas con la educación básica, o bien se encuentran capturadas por intereses de grupo, o han sido desarticuladas o privatizadas total o parcialmente. Esta destrucción de instituciones públicas contribuye al profundo debilitamiento de la gobernabilidad en el país, agobiado por la violencia.
De las tres instituciones mencionadas el IFE es la más vulnerable pues se encuentra en el cruce de caminos de los intereses de los partidos políticos y de los grupos de poder. Es así que a partir de la Reforma Electoral del 2007, su Consejo General, se ve obligado a dedicar la mayor parte de su tiempo a dirimir conflictos entre partidos, candidatos y funcionarios, a través de lo que se llama procedimientos especiales sancionadores, o a repartir los tiempos de los partidos en los medios de comunicación. Ello en detrimento dell tiempo destinado a proteger los derechos políticos de los ciudadanos, a garantizar elecciones limpias, confiables y menos costosas y a modernizar, simplificar y hacer más accesibles las herramientas y los procedimientos fundamentales de las elecciones.
En 1997 estuve como directora del Registro Federal Electoral por poco menos de un año. Se trata uno de los instrumentos que históricamente habían levantado más sospecha y desconfianza de los ciudadanos, por lo que a principios de los noventa fue sometido a una profunda depuración. Cuando asumí la Dirección lo hice sabiendo y reconociendo el enorme trabajo llevado a cabo por los responsables anteriores del Registro. Ellos habían logrado actualizar y modernizar el padrón electoral y expedir credenciales que se convirtieron en el documento de identidad personal más confiable en el país.
Estuve entonces dentro del acorazado y pude observar una gran calidad profesional pero a la vez, la persistencia de áreas de la IFE que seguían siendo controladas por los intereses de personajes y gobernadores pertenecientes al PRI. Me percaté de injustificadas duplicidades en las estructuras de la organización y del difícil tránsito de pasar de ser una institución dependiente del gobierno a una institución autónoma. Soy de las personas que piensan que a veinte años de la fundación del IFE, ese tránsito aún no ha concluido plenamente.
En los próximos días se elegirán tres nuevos consejeros o consejeras para integrarse al Consejo General de IFE. Respondieron 144 aspitantes a una convocatoria pública que realizó la Cámara de Diputados. El lunes próximo empezarán las entrevistas a aquéllos cuyos documentos y capacidades cubran los requisitos de Ley.
Esta elección representa una oportunidad. Después de creado el IFE en 1990 sus primeros seis años siguió estando controlado por el gobierno; los siguientes siete años tuvo una etapa de relativa autonomía bajo un consejo general más ciudadano, pero a partir del 2003, fue capturado por los partidos mediante la distribución de cuotas de designación de los consejeros.
Muchos desearíamos que en la selección de los tres nuevos miembros del Consejo, los partidos reconsideren y valoren la importancia para todos de incorporar personas con autonomía e independencia probadas y con un claro conocimiento de la materia y la práctica electoral.
Habría que usar esta oportunidad para fortalecer la necesaria autonomía del IFE, frente a un futuro un tanto incierto en materia de elecciones, después de la desafortunada y conflictiva experiencia del 2006.
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